La organización Ecologistas en Acción ha denunciado ante los juzgados de Instrucción de Sevilla el "colapso" de la mina de Cobre las Cruces acontecido la madrugada del pasado 23 de enero en el sector norte de la corta de la mina, explotada por la multinacional canadiense First Quantum en suelos de Guillena, Salteras y Gerena, y exige "una investigación independiente que determine si Cobre las Cruces (CLC) pudo tener algún conocimiento previo de la inestabilidad de las instalaciones y taludes desplomados, y si pudo poner en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en la mina".
En una nota, la organización ecologista ha apuntado este lunes que "desconfía de las entidades designadas para investigar el accidente", y frente a ellas propone al organismo público Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), así como solicita "que se comprueben los avales y garantías que la empresa tiene la obligación de tener para hacer frente a sus posibles responsabilidades, y que se ordene el sellado del acuífero aflorante en la corta minera de manera cautelar".
La referida denuncia se registró el pasado viernes, 8 de febrero, en el seno de las diligencias previas iniciadas en septiembre de 2018 a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, que a su vez "se basaba en una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción en enero de 2018, en relación a la construcción de la primera galería subterránea de la mina de Gerena", según expone el colectivo.
En aquella denuncia, Ecologistas en Acción afirmaba que se podría estar produciendo una detracción ilegal de aguas subterráneas de entre 977.616 y 1.578.552 metros cúbicos al año, "mientras que el dirigente Mark Wayne Roebert, de la multinacional canadiense First Quantum, había aportado en julio de 2017 a la autoridad minera una nota aclaratoria donde garantizaba que no se produciría ninguna detracción ni derivación de aguas subterráneas".
Según Ecologistas, la Fiscalía pudo comprobar "la lectura de los contadores instalados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en marzo de 2018, que reflejaron una detracción ilegal de 43,3 litros por segundo, equivalente a 1.368.224 metros cúbicos al año".
Para Ecologistas en Acción, resulta "evidente" que CLC "aportó datos falsos a las autoridades mineras para obtener, de manera fraudulenta, los permisos de construcción de la galería subterránea que ahora ha sido sepultada por el desplome de la mina".
Relación entre la "sobreexplotación" del acuífero y el "colapso"
Por eso, Ecologistas considera "imprescindible investigar ahora la relación entre esta sobreexplotación continuada del acuífero y el colapso de la mina del pasado 23 de enero", y, "mientras dura esa investigación, solicita que, de manera cautelar, se ordene el sellado del acuífero aflorante en la corta minera, para evitar su inundación con aguas ácidas de contacto y la contaminación del acuífero".
El colectivo ecologista cree que la investigación sobre el incidente "no puede ser realizada de manera independiente por la empresa Subterra", ya que "fue la que realizó para CLC el proyecto de ejecución de esa galería subterránea en enero de 2017, incluyendo un estudio de estabilidad de taludes de la corta minera", además de que realizó "otro proyecto para la unificación y relleno permanente de la Instalación de Estériles de Tratamiento (IET) y la Instalación de Estériles de Mina (IEM), incluyendo un estudio de estabilidad geotécnica".
Al entender de Ecologistas, "tampoco puede considerarse libre de dicho conflicto de intereses al profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Ricardo Laín Huerta, que en 2017 realizó un estudio geotécnico y supervisó el proyecto de la galería subterránea mediante sendos convenios con CLC".
Ecologistas cree que "hay que investigar si la seguridad" de las personas que trabajan en la zona del derrumbe "ha estado gravemente comprometida durante todo este tiempo", y en ese punto recuerda que la Junta de Andalucía ha resuelto suspender provisionalmente los trabajos de explotación en el complejo minero durante un periodo de seis meses, "salvo los necesarios para la estabilización de la zona afectada".
Ecologistas en Acción, "ante los antecedentes delictivos de tres ex directivos de CLC que en septiembre de 2016 fueron declarados culpables por la Audiencia Provincial de Sevilla de delito contra el medio ambiente (contaminación con arsénico del acuífero) y de daños continuados al dominio público", ha manifestado en su escrito a la titular del juzgado su "preocupación de que se pudieran estar ahora destruyendo pruebas que sirvan para determinar las causas del desplome y de las responsabilidades de CLC".
Y es que, según abundan desde Ecologistas, "de las fotografías aéreas realizadas se infiere, según técnicos consultados" por la organización, que "la acumulación excesiva de rocas en la IEM ha producido un hundimiento de la base del terreno que se asienta precisamente sobre el acuífero, que ha sido dañado por la mina de manera continuada y más recientemente por la construcción de la galería subterránea".
De igual modo, Ecologistas en Acción ha puesto en conociendo del juzgado "varios informes realizados a lo largo de la vida de esta mina, por el Laboratorio de Geotecnia del Cedex", que "fue muy crítico con el diseño original de la corta minera", y que, tras "derrumbes" y "episodios de contaminación con arsénico del acuífero", realizó "un informe pericial en diciembre de 2009, para las diligencias judiciales, que culminaron con la referida condena por delitos medioambientales, donde concluyó la gran relación existente entre el sistema de protección del acuífero y la estabilidad de la corta minera".
Ecologistas entiende por ello que resulta "adecuado que sea nuevamente el Cedex quien realice un informe técnico sobre las causas y los posibles responsables del colapso", así como cree "fundamental que el juzgado averigüe cuanto antes la situación de los avales que CLC debe tener depositados ante la autoridad minera y ambiental para responder por sus posibles responsabilidades".
