“En Cádiz capital la educación pública empieza a tener el peligro de no ser mayoritaria”. Así lo afirmaba el diputado provincial de Adelante Andalucía José Ignacio García ayer en una rueda de prensa donde se abordaba la situación de los centros de enseñanza gaditanos. Junto con la concejala de Educación, Ana Fernández, denunciaba “el maltrato y el desprecio” con el que el Gobierno de la Junta de Andalucía “está tratando a la educación pública en la provincia, con el cierre de 53 líneas educativas, 5 de ellas en la capital”.
Tras este cierre de líneas, el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su apoyo a la pública ya que consideran que que la educación “es un derecho, no un negocio. Y las familias tienen derecho a una educación pública y gratuita de calidad. Ésa debe ser la primera obligación de la Junta, garantizar y asegurar ese derecho. Pero parece que no está en sus prioridades, al menos no lo están demostrando, dejando bien claro su modelo educativo”.
Y es que centros como el colegio La Inmaculada y los institutos Drago, Rafael Alberti y San Severiano han sufrido los recortes. Este último incluso con 11 familias a la reclamando escolarizar a sus hijos. Fernández ha recordado que el Equipo de Gobierno sigue a la espera de una respuesta del consejero de Educación, Javier Imbroda, a quien el alcalde de Cádiz remitió una carta solicitándole una reunión para tratar la situación de la educación pública en la ciudad.
Por su parte, Adelante Andalucía ha presentado un paquete de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía en defensa de la escuela pública y que se votará la semana que viene, con 83 millones de euros para la provincia de Cádiz de aumento de financiación para la escuela pública, y 51 de ellos para las infraestructuras educativas. “En Cádiz capital la educación pública empieza a tener el peligro de no ser mayoritaria, por lo que hemos presentado un plan de rescate de los centros públicos destinado a la mejora de las infraestructuras, al aumento de la dotación de personal docente y mejorar y garantizar servicios extraescolares como el comedor”.
Este plan ha sido cifrado en 21 millones de euros, y José Ignacio García espera que salga adelante. “La semana que viene el Gobierno de la Junta tendrá que posicionarse ante este plan y ante las enmiendas destinadas a revertir los recortes en la escuela pública de Cádiz, y si votan en contra tendrán que dar explicaciones en la ciudad de por qué quieren seguir cerrando líneas y no quieren que haya más dinero para los centros públicos de Cádiz”, ha concluido.
