El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva ha condenado al que fuera secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, F.G.M. a dos años de cárcel por acosar al inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) en Huelva tras detener éste último a varios policías por violencia de género.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera al acusado como responsable de un delito contra la integridad moral concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas a la pena de un año de prisión, prohibiéndole aproximarse al perjudicado a menos de 200 metros y comunicarse con él por un período de dos años.
Además, deberá indemnizarlo en la cantidad de 200.000 € y de los 100.000 habrá de responder conjunta y solidariamente el SUP.
También lo considera responsable de un delito continuado de calumnias, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, por el que le impone la pena de un año de prisión.
Lo absuelve, sin embargo, de los delitos de lesiones y de injurias que se le imputaban.
Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a febrero de 2010 cuando el acusado, entonces secretario general del SUP en Huelva, ejerció, presuntamente, una conducta de acoso de la persona y la labor profesional del inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/UDEV) de Huelva, que repercutió tanto en su profesión como a nivel personal en su salud, hasta el punto de haber tenido que estar largos períodos de baja laboral.
Las primeras presiones se circunscriben a detenciones practicadas contra policías implicados en delitos relacionados con violencia sobre la mujer en 2008.
Posteriormente, en 2009, ante divergencias en la forma de trabajar y de llevar el SAF por parte del denunciante inició una campaña de desprestigio del denunciante con el objetivo de lograr su destitución a través de distintos medios -internet, revistas corporativas, medios de comunicación-; actitud que se prolongó a lo largo de 2010.
Hay que recordar que el juicio contra esta persona se celebró el pasado mes de marzo después de que en febrero de 2018 se suspendiera al acordar el juez devolver la causa al Juzgado de Instrucción 5 de Huelvatras advertir que no se le ha dado traslado ni al Sindicato Unificado de Policía ni a la Dirección General de la Policía Nacional para que se personaran en la misma.
