El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), gobernado por la socialista Aurora Águedo, va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva que ha anulado el acuerdo de pleno del 27 de septiembre del 2017, por el que se pusieron a la venta los terrenos en los que está proyectado el residencial William Martin, conocido como el de las dos torres de 19 pisos.
El Ayuntamiento entiende que estas parcelas "no son Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) pero, aunque lo fueran, tanto su venta como el destino del ingreso de la misma se ajustaría, al igual que el fin de la propia parcela, a lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía", ha informado el Consistorio en una nota.
La alcaldesa ha mostrado su respeto "escrupuloso de la sentencia, como no podía ser de otra manera", pero ha asegurado no compartir "los términos que argumenta el juez", motivo por el que van a presentar un recurso de apelación ante el TSJA.
Según ha subrayado Aurora Águedo, desde el equipo de gobierno respetan y confían en el trabajo que han realizado los técnicos y darán los pasos que correspondan, ya que, ha remarcado, "de esta sentencia depende el pasado, el presente y el futuro de Punta Umbría" puesto que, de aplicarse, "todas las viviendas que se han construido y que construyan tendrían que ser única y exclusivamente de Protección Oficial".
En este sentido, ha añadido que "este equipo de gobierno ha actuado de igual forma que lo han hecho todos los anteriores". No obstante, todas las enajenaciones de suelo llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Punta Umbría a particulares en las que no se hubiera construido VPO "resultarían nulas de pleno derecho, y en este grupo quedaría la Avenida del Océano, la zona de los hoteles o La Retama, entre otras, incluso colegios y edificios públicos, como consta en el escrito de conclusiones presentado por este Ayuntamiento".
"No vamos a entrar en la guerra personal que el portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, tiene contra estos empresarios", ha concluido la alcaldesa, pero ha asegurado que van a actuar para que Punta Umbría "no sea la que pierda en este enfrentamiento, que está llegando muy lejos. Nosotros gobernamos para y por Punta Umbría".
El portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU) en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha asegurado este jueves que pedirá al juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Huelva la ejecución provisional de la sentencia en la que el citado juzgado ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento, de fecha 27 de septiembre del 2017, por el que se pusieron a la venta los terrenos donde se ha comenzado a construir el proyecto urbanístico residencial William Martin, conocido como el proyecto de las dos torres de 19 pisos.
En declaraciones a Europa Press, Hernández Cansino ha precisado que esta petición la realizará en el juzgado cuando tenga constancia que el Ayuntamiento, tal y como ha anunciado, haya recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el citado fallo judicial.
Al respecto, Cansino ha explicado que pedirá su ejecución para "paralizar, tanto material como administrativamente, el procedimiento, lo que conllevaría la paralización, a su vez, de la demolición de los antiguos depósitos, los proyectos de urbanización, de reparcelación y el estudio de detalle".
Por otro lado, ha anunciado que la próxima semana su grupo municipal va a solicitar la celebración de un pleno extraordinario para abordar todo lo relacionado con el asunto y en el que va a pedir que "se paralice cualquier tipo de actuación para que no se generen más gastos ni daño a nadie".
En este sentido, ha dejado clara su discrepancia con la empresa encargada de las obras, Riaumbría, ya que "esta es conocedora del procedimiento antes de ser adjudicataria", después de que este miércoles en un comunicado anunciara que en caso de que llegara a ser firme la sentencia, "conllevaría la obligación del Ayuntamiento de indemnizarla por los incalculables perjuicios económicos ocasionados, y es más, supondría hipotecar el futuro de la ciudad, que quedaría condenada a construir única y exclusivamente viviendas de protección oficial".
Cansino ha asegurado al respecto que si se anulara la venta de los terrenos definitivamente los gastos que tendrían que ser devueltos sería el del "pago de las parcelas, los gastos de la demolición y los del corte de una tubería realizado en esta misma semana".
Por todo ello, Hernández Cansino ha pedido a la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo, que "paralice cualiquier actuación administrativa y material sobre este tema".
