El invierno demográfico que afronta España dejará tormentas en la provincia. La población gaditana en edad de jubilación, hoy en 205,200 personas, multiplicará por cinco a la población de menores de cinco años en las próximas dos décadas, con 378.000 frente a 72.000. La proporción es mayor, seis veces más, en el escenario contemplado con menos habitantes en el conjunto del territorio por la Proyección de Población de Andalucía 2016-2040 del Instituto de Estadística y Cartografía. La caída de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida explican este fenómeno que, y aquí está el problema, pondrá a prueba el sistema de pensiones y forzará las costuras del mercado laboral.
Ya se nota, advierte el director del Centro de Promoción y Empleo de la UCA, Luis López, quien llama la atención sobre el envejecimiento de la población activa desde 1999. Cotejamos datos y, efectivamente, en el tercer trimestre de ese año, los activos con más de 55 años se situaba en 35.300. La última Encuesta de Población Activa eleva la cifra a 86.900. Las previsiones, que también se pueden consultar en el Instituto de Estadística y Cartografía, apuntan a que Cádiz contará con 141.100 activos con más de 55 años, pasando de representar el 7,7% del total en 1999 al 26,2%.
De acuerdo al informe del Banco de España publicado a mediados de este año, el envejecimiento del mercado laboral debilitará la productividad, frenará las rentas salariales y cuestionará la cobertura de las jubilaciones. Con respecto a esto último, en la actualidad, Cádiz registra tres trabajadores por cada dos pensionistas. El porcentaje se reducirá presumiblemente en los próximos años y esto, que es tendencia nacional, obligará a rediseñar el sistema de protección. La pensión media se sitúa, según los últimos datos, en los 991,15 euros, por encima de la pensión media en Andalucía (890,70) y ligeramente por debajo de la anotada en España, con 994,02 euros. Sea cual sea el acuerdo que se alcance en el Pacto de Toledo, más pronto que tarde, porque es obligatorio que haya consenso y la cuestión es inaplazable, los máximos representantes de CCOO y UGT en la provincia, Lola Rodríguez y Antonio Pavón, tienen claro que hay que blindar las pensiones. Y remarcan que si las cotizaciones a la Seguridad Social no son suficientes para completar el monto total, habrá que hacerlo por medio de partidas en los Presupuestos Generales del Estado como hacen ya otros países del entorno.
Pero todo ello no acaba con el problema. Contiene las consecuencias, evita la pérdida de derechos adquiridos. Preguntamos por las soluciones. El retraso de la edad de jubilación parece inevitable. El informe del Banco de España lo incluye entre sus recomendaciones. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales, José Blas Fernández, también considera que tendrá que alargarse la vida laboral y plantea para reducir el coste del sistema ampliar los supuestos para acceder a la jubilación activa, regulada por el Real Decreto Ley 5/2013. El jubilado puede compatibilizar de esta manera la pensión con una actividad laboral por cuenta propia, siempre que los ingresos no excedan en el cómputo anual el SMI, o con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos en la jubilación flexible o parcial. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera igualmente esta opción como una alternativa interesante, que ya hoy ha permitido incrementar en un 88% el número de trabajadores por cuenta propia con más de 65 años.
Mercado laboral más flexible
Al mismo tiempo, Fernández reivindica la flexibilidad del mercado laboral para encarar los próximos retos y estimular la contratación. Es más fácil divorciarse que extinguir un contrato, asegura. Y plantea rescatar del pasado una solución para el futuro: la acumulación de contratos temporales de seis meses en un periodo de tres o cuatro años, con una indemnización por despido de doce días por año trabajado, como hizo el Gobierno de Felipe González en los años ochenta. Esta fórmula, con Joaquín Almunia como ministro de Trabajo, permitió la creación de dos millones de puestos de trabajo fijos, subraya. Ahora y en los próximos años también daría resultado, afirma, porque se perdería el miedo a contratar entre las pymes y las micropymes, que son las sostienen la economía provincial, representando el 82% del tejido económico, y las que la van a seguir sosteniendo.
En este punto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, abunda que es clave para frenar los efectos negativos del envejecimiento de la población activa la creación de empresa y propiciar el crecimiento de las existentes, con especial atención a las que operan en los sectores con mejores perspectivas, como el agroalimentario, el de las energías renovables, o en actividades medioambientales, la construcción, la logística, la tecnología, el turismo o las vinculadas a la actividad industrial. La provincia ha pasado en los últimos años de 58.000 a 60.000 sociedades y ha recuperado 4.000 de las 10.000 que se destruyeron como consecuencia de la crisis. Ahora, agrega, es importante fomentar el espíritu empresarial en el ámbito educativo, potenciar la relación de las empresas con los entornos educativos y formativos y el diseño de instrumentos de apoyo al emprendimiento. Al otro lado del teléfono, desde la UCA, Luis López aporta como buena noticia la tasa gaditana de emprendimiento activo del Informe Guesss (Global University Entrepenurial Spirit Student’s Survey) 2018, situada en el 5,8%, por encima de la media andaluza (4,4) y nacional (4,8). Hay motivos para la esperanza.
La formación es, asimismo, vital. Sánchez Rojas pone el acento en la necesidad de fomentar la contratación de egresados universitarios y alumnos de Formación Profesional para corregir el envejecimiento de la población activa, mientras que líder de UGT en Cádiz considera que se debe potenciar la formación en las ocupaciones más demandadas vinculadas a la atención sanitaria y al cuidado de personas mayores y dependientes, sector que ya hoy muestra vigor. Por último, tanto la CEC como el Colegio de Graduados Sociales ponen el acento en la lucha contra la economía sumergida, que alcanza un 26,5% sobre el PIB, según un reciente informe elaborado por el Consejo Económico Social de Huelva.
Natalidad e inmigración
A largo plazo, el incremento de la natalidad es lo deseable para garantizar el relevo generacional en el mercado laboral. Y solo será posible, explica la secretaria provincial de CCOO, si se lleva a cabo una reforma fiscal que permita recaudar más y redistribuir mejor los recursos, activar los salarios y facilitar el acceso a la vivienda, tanto en la compra como con la regulación del mercado del alquiler. López coincide en que incrementar el número de hijos es clave, pero considera que revertir la tendencia no es cosa sencilla y que llevará años. Prevé, por lo tanto, que la papeleta nos la resolverá la inmigración, que engrosará los tramos de población activa con menor edad. Ya no ha salvado en otras ocasiones, apostilla la secretaria provincial de CCOO. Hoy los extranjeros firman el 3% del total de contratos registrados en la provincia. La evolución de este porcentaje dibujará también el futuro de la provincia.
