Un total de 28.847 ciudadanos de Venezuela se han beneficiado del permiso de residencia por razones humanitarias en lo que va de 2019, según datos del Ministerio del Interior a fecha 31 de octubre.
Esta cifra supone el 65,3% del total de los 44.163 expedientes de protección internacional instruidos y elevados a la CIAR (Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) en los 10 primeros meses de este año. En todo 2018 se elevaron 12.889 expedientes a este órgano, por lo que las resoluciones este año son ya más del triple.
En 2019 se resuelven de media más de 4.000 solicitudes al mes, frente a las 1.074 de media en 2018. Aún así, en agosto de 2019 el sistema de protección internacional contaba un número elevado de solicitudes pendientes de resolución: 127.520, de acuerdo a datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
Precisamente los venezolanos lideran el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España: desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2019, unos 28.429 ciudadanos de Venezuela pidieron protección internacional en España. Hasta esa fecha, se habían presentado 82.015 peticiones en total.
Teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países con mayores tasas de resoluciones favorables de asilo, el pasado mes de enero Interior habilitó para los venezolanos la autorización residencia temporal 'por razones humanitarias'. El objetivo principal era "reducir el stock" de peticiones pendientes de resolución.
En concreto, debido a la "compleja" situación que atraviesa Venezuela, el Gobierno activó esta herramienta para aquellos ciudadanos venezolanos a los que se les hubiese denegado la protección internacional por la vía convencional desde el año 2014. Este permiso, cuya duración es de un año prorrogable a dos, está contemplado en la Ley de Asilo y Refugio bajo la figura de 'ayuda humanitaria'.
A su llegada al departamento en verano de 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tachó de "lamentable" el estado de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), al tiempo que trazó un plan de choque para reforzar los recursos humanos y tecnológicos del órgano.
Está previsto que 231 funcionarios se incorporen a la Oficina, si bien esto no se producirá hasta que se ejecute el concurso público. Eso sí, fuentes de Interior precisan a Europa Press que se está produciendo una cobertura provisional con funcionarios interinos.
Antes de llegar a la CIAR, los expedientes pasan por esta oficina, que es la que se los remite tras examinarlos y admitirlos a trámite. También plantea propuestas de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, que luego la CIAR debe elevar al Ministerio del Interior.
