No es un slogan y mucho menos una denuncia de persecución política. En territorios donde la única política era la del dictador aquellas personas que anhelaban ejercer la libertad de manifestar sus convicciones políticas, acababan en la cárcel. En ese contexto las organizaciones democráticas denunciaban la existencia de estos presos “políticos”. En ese sentido los partidos independentistas catalanes pretender acoger a esta triste figura a los presos, ahora ya condenados, por la alteración del orden constitucional en el llamado “process”. Y Amnistía Internacional (o quienes la manejan) pican el anzuelo.
Es de rabiosa actualidad la sentencia por el que políticos de alto nivel, nada menos presidentes de la Junta de Andalucía, ya tienen condena de prisión, además de otros altos cargos socialistas de esa misma comunidad. Por otro lado, políticos en las cárceles hay a manojos y otros que se resisten a entrar pasando desapercibidos todo lo que pueden, caso de los Pujols.
Por ello los políticos que están presos en esta España de hoy son presos, no por ser políticos, no por poder manifestar sus convicciones o ideas, sino por ir contra la ley, que curiosamente es la suya, la que aprobaron los políticos en los parlamentos. Y un montón por trincar dineros públicos, o facilitar a amigos o colegas el hacerse ricos.
Interesa saber que grandes cantidades de dinero robado a las arcas públicas nunca serán recuperadas, aunque se sepa con certeza quienes se lo llevaron ilegalmente. En esto intervine eso que se llama “prescripción”. No se comprende que queden sin el “castigo”, de devolver lo robado o apropiado indebidamente, tamaño delito, pero eso es otro capítulo de una “civilizada” legislación que hace posible que el castigo no llegue nunca porque el delito ha prescrito… Absurdo y sobre todo injusto, porque lo que no prescribe es el daño ocasionado.
Otro vacío es el de la responsabilidad de quienes los auparon a los puestos de responsabilidad que utilizaron como trampolín para delinquir. Los partidos políticos fueron cómplices imprescindibles para cometer esos delitos, por lo que algo deberían de “pagar”, ya que en teoría tienen la responsabilidad de controlar a sus cargos públicos y electos, y si no lo hacen ¿Qué debe ocurrir? Lejos de asumir su responsabilidad patrimonial (dineros y no lloros) salen con aquello de que, eran otros, los de ahora ¡no! o bien no ha habido enriquecimiento patrimonial, o que no se ha podido probar el beneficio del partido, olvidándose de que las redes cautivas de votos se sostienen con dinero y que esos dineros siempre son públicos.
