El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, no convencieron ayer a organizaciones agrarias y cooperativas de Jaén en su defensa del Real Decreto que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, recientemente aprobado por el Gobierno. En general, el sector oleícola de Jaén cree que este Decreto no responde a las necesidades concretas de los productores del olivar tradicional. Las organizaciones agrarias consideran que hace falta concretar un registro de contratos, una figura que actúe claramente de mediador y que el observatorio de precios elabore con claridad los costes de producción y sea la referencia para las operaciones de compra y venta. Y plantearon dos situaciones distintas:. por un lado, en el ámbito cooperativo, que representa casi el 70 % del sector, donde una posibilidad aplicar unos costes medios de producción aprobados en asamblea general, mientras que en las almazaras privadas los costes tendrían que tratarse de forma individual con sus clientes.
Para el secretario provincial de COAG, Juan Luis Ávila, el olivar tradicional de España, con casi un millón de toneladas de producción media de aceite, es el que marca precios a nivel mundial y, por tanto, usando el observatorio de precios se podrían reconocer al menos sus costes de producción. También el presidente de Infaoliva en Jaén, Manuel Alfonso Torres, receló del Decreto al no quedar clara la fijación de los costos de los agricultores como inicio de la cadena de valor. “Como consecuencia de esta ley los agricultores de las zonas menos productivas, son los de mayores costos en recogida, al tener menos rendimiento sus parcelas, lo cual implicaría que cualquiera de los eslabones de la cadena, compraría aceite antes a los olivares más productivos, antes que a los menos, una vez más se legisla a espaldas d los más débiles de la cadena”, indicó Torres. Por su parte, José Miguel Herrero señaló que los índices de costes reflejarán “las distintas realidades” agrícolas y ganaderas de España, en alusión a que las exigencias del olivar tradicional chocan con el del intensivo.
“¿Cómo es posible que la Ley obligue a las almazaras industriales en contra de su voluntad a vender y liquidar su aceituna a los 30 días de la recogida y el aceite, a los 60 días. Es algo en contra del libre mercado, pues los agricultores no podrán liquidar sus cosechas cuando quieran”, se preguntó el presidente de Infaoliva, Manuel Alfonso Torres, que abandonó la reunión con el Ministerio por falta de respuesta.
