Según recoge la sentencia, facilitada a Efe, el Supremo considera que los argumentos expuestos por el Gobierno para ocupar el dominio público "son claramente insuficientes" e infringe la Ley de Costas, de 1988.
El Supremo critica que no se hizo un estudio de alternativas, algo que considera "inexcusable", y explica que "la declaración de la reserva se ha producido en términos que no son conciliables con el régimen normativo".
En este sentido, alega que el Consejo de Ministros "utilizó una formulación extremadamente abierta e imprecisa cuando se refiere a la finalidad de la reserva".
El órgano judicial considera que "el hecho mismo de que en el acuerdo impugnado constituya la reserva por tiempo indefinido viene a corroborar a que la finalidad de la misma no ha quedado debidamente acotada".
Así destaca que "se enuncia de forma tan genérica la finalidad de la reserva que resulta difícilmente conciliable con la protección del dominio público marítimo terrestre".
El Tribunal Supremo ha decidido así darle la razón la organización conservacionista WWF-ADENA, cuando alegó que "la declaración de la reserva no puede llevar a ignorar los fines que, según mandato del legislador, debe perseguir la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre (artículo 2 de la Ley de Costas)".
El TS afirma que "la reserva no puede ser declarada en términos tales que suponga necesariamente la destrucción de las características naturales del terreno hasta el punto de hacer inviable su recuperación, cerrando así, de manera definitiva, toda posibilidad de retorno a la situación anterior".
La sentencia pone fin al proyecto del polígono industrial de Las Aletas, que contaba con una inversión superior a los 300 millones de euros aportados entre el Gobierno y la Junta y que constituía una de las grandes apuestas para crear hasta 10.000 empleos en la zona, y cuya primer piedra fue puesta el pasado 7 de septiembre.
