Casi el 30% de las entidades del sector público local no informó de sus balances al Tribunal de Cuentas el año pasado, entre ellas un 25% de los ayuntamientos, un porcentaje que triplica el de las entidades del sector público estatal, según se desprende de la Memoria del órgano fiscalizador correspondiente a 2019.
Aunque la rendición de cuentas de las entidades del sector público local ha crecido exponencialmente en los últimos años -pasando de las 46 entidades que las comunicaron en 2014 a las 8.191 que lo hicieron en 2018--, todavía hay un 29% que no traslada esta información anualmente al órgano que preside María José De la Fuente.
Según la Memoria recientemente remitida al Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, un 29% de las 11.587 entidades del sector público local no remitieron al Tribunal de Cuentas sus balances de 2018. Entre las 3.396 entidades que no habían cumplido con esta obligación a 31 diciembre de 2019, destacan 1.902 ayuntamientos (un 25% de los 7.606 que deberían haberlo hecho) y nueve diputaciones, cabildo o consejos insulares (el 19% de los 48 que existen).
INCUMPLE EL 14% DEL SECTOR AUTONÓMICO
Respecto a las 461 entidades que integran el sector público estatal, rindieron cuentas antes del 31 de diciembre un total de 417 -de ellas solo el 76% dentro del plazo estipulado--, pero hubo hasta 44 que no lo habían hecho al acabar el año y que representan el 9,5% del total. En el aparado de incumplidores destacan 22 consorcios, seis organismos autónomos y tres sociedades mercantiles estatales.
Por lo que se refiere al sector público autonómico, se recibieron en el Tribunal las cuentas del ejercicio 2018 de 173 entidades, el 86% de las que debían rendir. De ellas el 80% mandó la documentación cumpliendo los plazos, quedando pendientes de remitir a la conclusión del año las cuentas de 28 entidades, un 9% más que el ejercicio anterior. En este caso destacan 11 sociedades mercantiles públicas y cinco organismos autónomos.
CONTRATOS ESTATALES
Además, durante el año pasado, los distintos departamentos ministeriales y los organismos autónomos dependientes de los mismos remitieron extractos de expedientes de contratos formalizados en los ejercicios 2018 y 2019. En el primero de estos dos ejercicios se consignaron 852 contratos por un importe de 5.300 millones mientras que en el segundo se informó de 995 contratos por 13.600 millones.
Asimismo, el año pasado el Tribunal de Cuentas recibió información sobre 1.090 contratos formalizados por las entidades del sector público empresarial estatal en 2018 (por 17.700 millones) y sobre otros 2.394 cerrados en 2019 por valor de 62.400 millones.
Respecto a la actividad fiscalizadora del tribunal, para 2019 se programaron 127 actuaciones, de las cuales 91 se previó que se aprobaran en el año natural y 36 en el año siguiente. A lo largo del año, se aprobaron 48 informes de fiscalización, 2 notas y la Declaración sobre la Cuenta General del Estado ejercicio 2017, además de la Memoria del Tribunal de Cuentas 2018.
OTRA VEZ, ATASCO EN EL PARLAMENTO
Por otro lado, el Tribunal explica que vuelve a tener informes pendientes de presentación en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) , que hace un año había logrado ponerse al día.
Así, la última vez que María José de la Fuente compareció en el Parlamento, en febrero de 2019, dejó presentados todos los documentos de fiscalización aprobados por la institución durante la XII Legislatura, pero el parón de las dos elecciones generales del pasado año y el frenazo causado por el coronavirus esta primavera han provocado que la presidenta tenga ya pendientes de presentación 48 informes, dos notas y una moción aprobados en 2019.
CRECEN LOS JUICIOS POR DENUNCIAS DE PARTICULARES
Pero el órgano que preside María José de la Fuente desarrolla también una función jurisdiccional. De la Memoria de 2019 destaca que en ese año se incrementaron las diligencias preliminares incoadas llegando a las 335, frente a las 287 del año anterior.
Han aumentado tanto las diligencias derivadas de los informes de otras Administraciones Públicas que han pasado de 57 y 71, como las procedentes de informes de los órganos de control autonómicos, casi en la misma proporción, y, sobre todo, los asuntos abiertos como consecuencia de denuncias de particulares y acciones que se han incrementado a 69 en el año 2019 frente a 39 en 2018.
