La Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte Escolar y Discrecional en Autobús (Atedibus) se ha reunido con la diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, para pedir intermediación a la entidad supramunicipal en la suspensión de los impuestos municipales de circulación para aquellos vehículos profesionales que no hayan tenido actividad en este ejercicio.
"Un sector que se encuentra prácticamente en estado de quiebra técnica, con una pérdidas que superan los 200 millones en la provincia, no puede en estos momentos asumir ningún pago más. Entendemos que si hay voluntad, es algo que se pueda estudiar para la recuperación del sector, que se ha de basar en impulsar los ingresos y detener, aplazar o suspender pagos", señala en un comunicado el presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez Zambruno.
Detalla que en la provincia de Sevilla hay más de 1.500 profesionales en este sector, "siendo uno de los que mayor empleo genera durante todo el año", y actualmente hay unos 900 autobuses que se encuentran "literalmente parados". Además, indica que, en su mayoría, el sector del transporte en la provincia lo forman empresas familiares, por lo que la situación es "nefasta a nivel de empleo, pero también en el ámbito del mantenimiento económico y social de dichas familias".
En este sentido, la asociación señala que la Diputación de Sevilla ha trasladado que esta solicitud se debe trasladar a los propios ayuntamientos para estudiar la cuestión.
"La idea es diseñar un protocolo técnico que estudie la legislación de dichos impuestos, ver si se pueden suspender, durante este año, el pago de este impuesto al sector del transporte de viajeros en autobús que tienen sus vehículos completamente parados, y solo para aquellas empresas sin actividad", señala Gutiérrez.
Los profesionales calculan que, con la temporada alta perdida y las cautelas que se tomarán tras la finalización del estado de alarma, los ingresos de "todo el 2020 se dan por disipados".
"Si a este nivel tan bajo de contratación, con el cien por cien de cancelaciones en el plano discrecional, se le une la suspensión de los contratos públicos de Transporte Escolar, el hundimiento es cada vez más palpable. A esta facturación se le añaden las graves consecuencias a nivel de empleo, con un 90 por ciento de empresas abocadas a tramitar expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE)", advierte.
Por todo ello, los empresarios esperan que los ayuntamientos entiendan la "difícil situación" que se atraviesa para articular una solución que "ayude a la recuperación económica del sector y de todo el turismo y la movilidad de Sevilla y Andalucía".
