Las asociaciones ecologistas Greenpeace y WWF/Adena acompañaron ayer a una representación del comité de infracciones de la Comisión Europea, entre los que se encuentran el jefe de la unidad, Julio García Burgués, y Yolanda Villar, a visitar las balsas de fosfoyesos de la empresa Fertiberia en Huelva tras lo que "quedan impresionados".
Según explicó a Europa Press el responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace, Julio Barea, quien recordó que las asociaciones interpusieron una denuncia ante el organismo europeo por "la vulneración de varias directivas europeas, como la 2008/1/CE sobre prevención y control integrado de la contaminación y la directiva europea sobre la Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC)", los técnicos de la Comisión de Medio Ambiente han visitado dos puntos de las balsas de fosfoyesos.
Barea indicó que "se han visto los vertidos de lixiviados de fosfoyesos al estero, a través de una tubería oculta, y otro punto donde se vierte directamente al río Tinto", así como precisó que "lo que más les ha impresionado es que se trata de un lugar de marismas, una zona permeable, sin control, el peor sitio donde se puede arrojar cualquier residuo".
Tras esta reunión, Greenpeace espera que la comisión "dictamine que aquí se están incumpliendo legislaciones, sancione y se lleve al Tribunal Europeo".
El responsable de la campaña de contaminación reiteró que las directivas europeas "exigen la obtención de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) para que una instalación industrial pueda funcionar, siempre que se respeten ciertas condiciones medioambientales". Así, solicita, entre otras, "la aplicación de todas las medidas adecuadas de lucha contra la contaminación y, en particular, el recurso a las mejores técnicas disponibles; la prevención de toda contaminación importante o la adopción de medidas para que, al cesar las actividades, el lugar de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio".
Greenpeace entiende que "ninguna de estas cuestiones se cumple en el caso de los vertidos de fosfoyesos que Fertiberia realiza en las marismas del Tinto", así como indicó que "a pesar de las irregularidades, denuncias, sentencias en contra e informes sobre vertidos del mismo, Seprona, la Junta de Andalucía, aplicando la ley en beneficio de intereses particulares y en contra de la salud de los onubenses y del medio ambiente, otorgó en abril la AAI a Fertiberia, seis meses fuera del plazo establecido por la directiva".
En esta ocasión, "incluso el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está estudiando ya la ejecución de la caducidad de la concesión para que la empresa desaloje los terrenos de Dominio Público que ocupa".
Además, apuntó que será "hoy cuando la Junta y la empresa acompañen a estos técnicos a visitar las balsas".
Procedimiento de infracción
La Comisión Europea inició en septiembre un procedimiento de infracción contra España por permitir que dos instalaciones dedicadas a la fabricación de fertilizantes a base de fósforo en Huelva, Fertiberia y FMC-Foret, desarrollaran su actividad "sin disponer de una autorización ambiental integrada (AAI) emitida en el plazo fijado", según dijo el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
Dimas respondió así a una pregunta escrita planteada por el eurodiputado del grupo de los Verdes, David Hammerstein, en la que denunciaba que las autoridades españolas concedieron la AAI a Fertiberia el 28 de abril de 2008, cuando el plazo para conceder estas autorizaciones finalizó en España el 30 de octubre de 2007.
"La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España basándose en el hecho de que dos instalaciones químicas ya existentes, dedicadas a la fabricación de fertilizantes a base de fósforo (Fertiberia y FMC-Foret) y que están ubicadas en el polo industrial de Punta del Sebo, en el municipio de Huelva, están desarrollando su actividad sin disponer de una autorización ambiental integrada emitida en el plazo fijado", aseguró Dimas.
El Ejecutivo comunitario ha solicitado a las autoridades españolas que le remitan sus observaciones y, una vez recibidos, evaluará las respuestas. En caso de que la Comisión reciba "información incontestable" que indique que España ha incumplido sus obligaciones, "se adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la correcta aplicación de la normativa comunitaria", señala el comisario de Medio Ambiente.
