El Partido Popular (PP) ha solicitado al Ayuntamiento de San Fernando la adopción de medidas para actuar contra la ocupación ilegal de viviendas.
El presidente y portavoz del PP isleño, José Loaiza ha asegurado que “San Fernando no es ajeno a esta problemaÌtica. La ocupacioÌn ilegal es también una preocupación para nuestros ciudadanos y creemos que el Ayuntamiento también puede, y debe, adoptar medidas para combatir una lacra que acaba con la seguridad juriÌdica de nuestros ciudadanos”.
Entre estas propuestas, los populares solicitan la puesta en marcha de un protocolo específico de actuación rápida en la Policía para dar solucioÌn a los problemas creados por la ocupacioÌn ilegal de viviendas de titularidad privada y puÌblica.
También pide el PP la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y los Colegios de abogados y procuradores de Cádiz un convenio, con dotacioÌn presupuestaria, con el fin de que estos generen equipos especializados en el problema de la ocupacioÌn, dando ademaÌs cobertura juriÌdica y asesoriÌa a los propietarios afectados.
“Tenemos la obligacioÌn de combatir el alarmante y creciente problema de la ocupacioÌn de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar asiÌ, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad para con nuestros vecinos”, afirma Loaiza.
Durante los uÌltimosaños el proceso de ocupacioÌn de viviendas de titularidad privada se ha acrecentado a niveles altamente preocupantes. El fenoÌmeno de la ocupacioÌn ha aumentado en los dos uÌltimosaños en torno a un 35 por ciento y se estima que, a diÌa de hoy, en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas. “Y esta cifra, gracias al colaboracionismo del Gobierno de España, no para de crecer diÌa a diÌa”.
Cuando hay una ocupacioÌn ilegal, hay un acto contrario a derecho. “No puede ser que las nuevas poliÌticas instauradas por uno de los socios e integrantes del Gobierno de España se basen en considerar la ocupacioÌn ilegal de viviendas como una situacioÌn tolerable o admisible o una forma comuÌn de adquisicioÌn de vivienda, como no lo es cualquier otra conducta contraria al ordenamiento juriÌdico”, subrayó.
Finalmente, José Loaiza aseguró que el Ayuntamiento debe hacer legalmente cuanto esté en su mano para evitar este tipo de delitos, “ y estas propuestas son buena prueba de ello. El Gobierno municipal no debería pasar por alto un asunto que también preocupa a muchos isleños. Ha llegado el momento de que, en vez de alentar a la ocupación ilegal, se actúe contra ella”, concluyó.
