"Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan". Göbbels.
"El doce de octubre simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción de estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos", para lo cual se celebra un desfile militar ante el Rey y su familia, el presidente del gobierno y los representantes de los poderes del estado, comprendiendo también los de las autonomías. Doce de octubre, estado, gobierno, Rey y autonomías: España. La imagen tradicional del desfile en nuestra fiesta nacional reflejará este año, más que nunca, las gruesas y visibles grietas que entre los desfases reales monárquicos, la debilidad del estado y el reparto competencial autonómico soporta una nación construida desde su diversidad cultural bajo un modelo a todas luces no adecuado para soportar una crisis sanitaria y/o económica del calibre de la actual y de profundidad a estas alturas difícil de intuir, todo ello mientras seguimos practicando el deporte nacional preferido de tirarnos los trastos a la cabeza. La pregunta que habría que hacerse es cómo, por qué y, sobre todo, a semejanza de quién este terruño soleado y diverso donde nacen los españoles ha alcanzado este extremo sin retorno de disputa y gresca. El caso de la comunidad autónoma de Madrid y su rebelión contra el gobierno, con rebrote vírico de por medio y, sobre todo, con la ciudadanía prisionera, pávida, desconcertada y politizada, ha puesto sobre la mesa un debate que sólo se puede entender si se profundiza en el fondo del asunto: el sistema autonómico. Y tener claro que desde la descentralización de la salud pública que tenemos en España se entiende lo ocurrido desde la declaración de la pandemia. La confusión en la que hemos vivido, la desinformación transmitida, en unos casos deliberada y en otros torpemente trasladada. La sin razón difícilmente asumible por las mentes ajenas a la política. Las comparaciones incomparables. Todo ello encuentra su clave en el conocimiento de nuestro sistema de competencias territoriales y en el vacío de poder de la administración central en el ámbito sanitario, educativo y en algunos más.
La descentralización de la salud pública supone que la administración general del estado no asume la gestión del sistema sanitario, siendo competencia de las comunidades autónomas. Esto quiere decir que es competencia exclusiva autonómica la gestión de la asistencia primaria, de la especializada, de los centros de salud, de los hospitales, personal sanitario, medios materiales, protocolos de atención, la medicalización, la gestión de citas y listas de espera, las inversiones, la decisión de privatizar, de concertar o de intensificar lo público, la dotación presupuestaria y la regulación de todo ello. En definitiva, sobre la gestión y toma de decisiones del sistema sanitario de la salud pública en cada autonomía el estado no tiene ninguna competencia, ni capacidad de decidir, quedándole sólo una facultad de coordinación vacía de mecanismos para que su ejercicio pueda ser mínimamente efectivo: y así está implantado en las 17 comunidades autónomas. Como prueba clara la resolución del TSJM de Madrid tumbando el ejercicio de coordinación que había hecho el gobierno estableciendo unos criterios para todas las comunidades autónomas sobre el confinamiento de Madrid y sobre lo cual estaban de acuerdo trece de las diecisiete -menos las del PP-. Pues el TSJM ha dicho NO al gobierno, con lo cual ni tan siquiera tiene margen para coordinar nada.
Un breve repaso sobre la historia nos transporta al debate constitucional en el que todos los actores tenían claro que había que recoger la llamada cuestión territorial, que tantos conflictos había provocado a lo largo de la historia. De entrada se reconocieron como comunidades autónomas históricas aquellas que en la segunda república habían aprobado un estatuto de autonomía -Cataluña, País Vasco, Galicia- y a las que se pudieron sumar Navarra y Andalucía, ello les facultaba poder acceder a la autonomía por una vía rápida, la del artículo 151. Para las diez restantes que quisieran constituirse en comunidad autónoma se estableció un procedimiento más largo, el del artículo 143 y con competencias, en principio, más limitadas. Aunque entre medias Valencia y Canarias accedieron por esta vía pero consiguiendo desde el principio todas las competencias recogidas para las comunidades históricas. En 2002, con el presidente Aznar se culmina las transferencias de las competencias en materia sanitaria a todas las comunidades autónomas, asignándoles como competencias propias sanitarias la potestad legislativa, la ejecución, administración y la gestión. No existe en Europa ningún país con tan alto nivel de descentralización de las competencias sanitarias. Es más, la mayoría de países europeos se gestionan de forma centralizada, reservándose la administración del estado todas o la mayoría de competencias sanitarias y, por supuesto, las legislativas. Por eso es imposible comparar nuestro sistema sanitario con el de otros países en los que, por ejemplo, la gestión del Covid se lleva desde la administración central de forma única con todas las competencias para poder dirigirla. Aquí no.
La COORDINACIÓN general de la sanidad es la competencia básica reservada en España a la administración del estado, junto con competencias exclusivas sobre la sanidad exterior, la legislación sobre productos farmacéuticos, la legislación básica y el régimen económico de la seguridad social, la alta inspección para velar por la observancia en las comunidades autónomas de la normativa estatal aplicable -supletoria de la legislación autonómica-, así como poder formular los requerimientos procedentes a fin de subsanar las deficiencias que se adviertan; también le compete al estado aportar financiación a las autonomías. El órgano desde el que se configuró el ejercicio de la coordinación del Sistema Nacional de Salud es el Consejo Interterritorial, conformado en un primer momento por un representante de cada comunidad autónoma y el mismo número por parte de la administración del estado: los acuerdos se adoptaban por mayoría, lo cual aseguraba la primacía de las propuestas del gobierno central que siempre contaba con varias autonomías de sus mismas siglas. En 2002, tras Aznar llevar a cabo la total transferencia de competencias sanitarias a todas las comunidades, sucumbió a las exigencias de vascos y catalanes (*) y en 2003 cambió la configuración del Consejo Interterritorial de tal modo que la administración central sólo tiene un representante ante los 17 autonómicos y los acuerdos de coordinación se han de adoptar por unanimidad. Lo cual hizo totalmente inviable la labor de coordinación estatal al mantenerse en todo momento por las comunidades de siglas contrarias a las del gobierno de la nación la defensa a ultranza de sus competencias autonómicas y la no aceptación de ninguna intromisión estatal, ni tan siquiera a nivel de coordinación: esta es la causa que originó la nula capacidad de coordinación de los sucesivos gobiernos de la nación en el ámbito sanitario y que ha provocado, entre otras cosas, la imposibilidad de conseguir un sistema unificado de base de datos y estadísticos, impidiendo que podamos contar con datos agregados a nivel nacional y ni tan siquiera permitiendo comparativas, porque los criterios de captura de datos y de forma de reflejarlos varían entre las distintas comunidades. La información sanitaria, al estar en posesión de los gobiernos autonómicos, se encuentra politizada, impidiendo conocer con exactitud y veracidad qué está pasando en la gestión de la salud pública en cada territorio. La defensa numantina que hasta el 14 de marzo pasado ejercían las comunidades autónomas de sus competencias sanitarias ante cualquier mínimo intento de coordinación por parte de los gobiernos de la nación se explicaba porque en todas las encuestas los servicios sanitarios eran de los mejor valorados por los españoles, fuesen de la comunidad que fuesen. Por tanto, ante algo bien valorado, era políticamente importante dejar claro quién era el gestor y no compartir glorias con la administración central, aunque las bases del sistema sanitario se habían gestado desde el estado y les habían venido dadas. Pero con la llegada del virus, por primera vez la cuestión sanitaria pintaba mal y ante la asunción de responsabilidades, mejor compartirlas y, a ser posible, esquivarlas apuntando a otro. Esto es.
El real decreto por el que el gobierno de Sánchez declaró el estado de alarma dio lugar a una confusión que provocó un mantra, el del mando único en la gestión sanitaria. Fue una gran torpeza de Sánchez y de sus asesores no aclarar lo que el real decreto dejaba nítido sobre la imposibilidad constitucional de retirarles las competencias a las autonomías. De hecho la norma decía: "Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento", pero esto pasó deliberadamente inadvertido. La torpeza del gobierno en no dejar claro hasta dónde podía llegar -poco o muy poco en lo tocante a la gestión sanitaria autonómica- fue aprovechada por una oposición que se encontró en bandeja la posibilidad de responsabilizar de todo al gobierno y las comunidades autónomas, incluso las del PSOE, se vieron aliviadas al salirse del foco incendiario. Ahora no importaba que el gobierno quisiese asumir competencias autonómicas, aunque no podía y la gestión sanitaria siguiera en manos de ellas. Estábamos ante una pandemia de un virus desconocido, frente al cual ninguna comunidad autónoma se había preparado, el descontrol y falta de medios materiales y humanos en los hospitales era un hecho, el desbordamiento ante la escalada de contagios y el abandono de tratamientos de otras patologías colapsó todos los sistemas sanitarios autonómicos. Los presidentes autonómicos y sus consejeros de sanidad hicieron mutis por el foro, visualizándose que toda la responsabilidad de la gestión era del tal Simón, del ministro Illa y, por supuesto, de un Pedro Sánchez al que en un principio el exceso de foco y la sensación de poder absoluto le sedujo al extremo de lo casi orgásmico. Pero ninguno de ellos tenía capacidad de dirigir la gestión sanitaria autonómica. Ni tan siquiera el gobierno consiguió que las autonomías asumieran los criterios que fueron fijando para el traslado de los datos a fin de que fueran reales y, sobre todo, homogéneos. Hubo -es la verdad- mucha deslealtad institucional por parte de las autonomías -de todas- y de la oposición por la torpeza de un Sánchez seducido de asumir un papel que el sistema autonómico español no le otorgaba; además de torpeza hubo un atisbo de ejercer un poder que no podía tener, con una ceguera política de la factura que iba a pagar ante un pueblo que veía lógico ese mando único inventado deliberadamente por todos. Un mando único que ni un estado de alarma podía conceder porque nuestra constitución manda. Es obvio que la experiencia le hizo reaccionar y situar las cosas donde siempre debieron estar, dejando la gestión sanitaria del rebrote en manos de las administraciones autonómicas porque ellas y solo ellas tienen esas competencias. Y desde el gobierno de la nación intervenir fijando criterios sanitarios de cohesión que aseguren los mínimos que deban adoptarse por igual en todos los territorios. Postura que también ha sido usada por la oposición para la crítica de dejación de funciones de mando único. O para llevar a cabo una dura confrontación que desenfoque la responsabilidad de la comunidad autónoma madrileña, consiguiendo que una parte de los ciudadanos piensen que la situación de Madrid es casi un puro artificio de Sánchez. Al final no deja de ser una nueva estrategia para diluir responsabilidades. Y todo ello aprovechándose de la incomprensión de la mayoría de españoles, que no entienden de repartos competenciales porque la sanidad no debería formar parte del juego político. Una confrontación que encuentra su culmen en las críticas de Aznar a la descentralización sanitaria autonómica cuando él fue el artífice de su máxima culminación hace ahora 17 años.
(*) La debilidad de los gobiernos centrales y su necesidad de mantener el poder en Madrid pactando con el nacionalismo vasco y catalán tiene estas cosas. La historia dirá el coste -muy alto- que para el resto de los españoles ha tenido, de hecho tiene, ser prisioneros de estos territorios y de este sistema electoral que les ha permitido mandar sobre el resto del país con un puñado de votos. Pero la culpa es más de quienes cedieron -ceden- tanto por tan poco.
