El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha suspendido el juicio previsto para el próximo jueves a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Manilva Antonia Muñoz, al actual regidor, Mario Jiménez, y a otras seis personas por la supuesta adjudicación irregular de contratos municipales a una empresa con vínculos familiares con Muñoz, como su marido, también procesado.
Así lo han confirmado fuentes judiciales, quienes han apuntado que el motivo de la suspensión es la enfermedad de uno de los abogados personados en la causa. La nueva fecha todavía está por determinar.
Esta es una de las tres piezas en las que se separó la investigación desarrollada por una supuesta corrupción municipal durante el mandato de la exregidora. Los otros dos casos versan sobre el presunto enchufismo de personal laboral desde 2007 en el Ayuntamiento y sobre el supuesto trasvase de fondos desde el Consistorio a una entidad.
En este caso, la Fiscalía malagueña acusa a los ocho procesado por los delitos de prevaricación en concurso con otro de gestión interesada, ambos con carácter continuado; solicitando dos años de cárcel para cada uno, multa de 24 meses a 15 euros diarios y cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según las conclusiones iniciales.
En esta causa se investiga la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, en concreto al marido por el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios "en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación", dice el fiscal en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press.
Esta acusación señala que tras las elecciones de mayo de 2007, la entonces alcaldesa por IU, "aprovechándose de este cargo y concertándose con el que era su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil", constituida por ambos en 2005, "para la prestación de determinados servicios, a sabiendas de incumplir con las exigencias legales".
La calificación indica que esto se realizaba "sin la existencia de expedientes administrativo de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto", ya que el entonces cónyuge "presentaba en el Ayuntamiento facturas de servicios ya prestados, incumpliéndose así con los requisitos que marca la legislación", además de que existían reparos de Intervención por falta de dotación presupuestaria.
A pesar de que la alcaldesa tenía las competencias para autorizar estos gastos, delegó en la junta de gobierno, "de la que formaban parte el resto de los acusados en su condición de concejales, quienes siendo, perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación y teniendo conocimiento de la relación marital existente, procedieron a aprobar las facturas presentadas".
Según el fiscal, muchas de las facturas aprobadas en junta de gobierno iban con la firma del actual alcalde. "De igual forma se concertaron los acusados para celebrar verbalmente otros contratos en los que igualmente se prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en su adjudicación", dice el escrito, en el que también se detallan otras facturas a nombre de la empresa de otro familiar.
