Ecologistas en Acción ha denunciado en las tres últimas semanas que la Junta ha autorizado a los cazadores moverse libremente por Andalucía “mientras que al resto de ciudadanos se nos imponen duras restricciones”. El portavoz de la organización en Cádiz, Juan Clavero, expresa su estupor. “Los fiscales deberían haber actuado ya”, clama. Y censura el silencio de la oposición en el Parlamento andaluz ante lo que considera una nueva concesión del PP y Vox a un sector “mimado” por el Gobierno autonómico. “En pleno auge de la pandemia, es una enorme irresponsabilidad, solo por un puñado de votos”, agrega.
Rafael Albertos asegura, sin embargo, que lleva más de un mes sin que le compren más que alguna caja de cartuchos. Responsable de la armería Los Alcornocales, en Alcalá de los Gazules, lamenta la caída de ingresos de hasta un 90% con respecto al año pasado. Desde que el presidente Juanma Moreno decretó el cierre perimetral de la región y de 450 municipios el 30 de octubre, “solo he vendido tres escopetas; en noviembre de 2019, medio centenar”.
La actividad no está prohibida en la situación actual, pero sí seriamente limitada. El presidente de la Federación Andaluza (FAC), José María Mancheño, desmiente a los conservacionistas. Explica que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solo autoriza la movilidad entre municipios y provincias, con declaración responsable del promotor de la acción cinegética y del cazador, para todas las modalidades de caza mayor (monterías, batidas, batidas de gestión, ganchos, en mano con escopeta, rececho y aguardos) entre las 07.00 y las 22.00 horas que tenga recogido el Plan Técnico de Caza (PTC) del coto; y las acciones de control de poblaciones de conejos en aquellos términos municipales incluidos en las áreas de emergencia por daños o en explotaciones que declaren daños una vez informados por los técnicos o agentes de la Consejería. Todo ello para evitar los perjuicios a cultivos y explotaciones, los riesgos en la seguridad vial y la transmisión de enfermedades entre fauna silvestre y ganado por la sobreabundancia de especies.
Sí es cierto que, en el ámbito municipal, la caza no está restringida. Pero la Junta no permite el traslado a cotos limítrofes a la localidad de residencia y, en el caso de que el coto abarque varias poblaciones, prohíbe la movilidad.
En cualquier caso, la actividad ha sido despojada de todo componente social: no es posible celebrar desayunos, almuerzos o sorteos ni tampoco contar con catering. La Junta dictamina que los desplazamientos solo serán posibles desde la localidad de origen directamente al coto y puesto de la acción cinegética y posterior regreso sin paradas salvo para reportar. El cazador no puede llevar acompañante y solo puede compartir vehículo o puesto con otro cazador y nunca está permitido que se hallen juntas más de seis personas.
Mancheño lamenta todos estos condicionantes porque, sostiene, “el riesgo de contagio es bajo”. Especialmente en la caza menor, cuya temporada se ha ido al traste por la segunda ola del coronavirus.
“El confinamiento duro apenas se notó porque coincidió con la veda y el verano dio un respiro”, apunta el propietario de la armería de Los Alcornocales. “El rebrote, sin embargo, nos ha cogido en la peor época”, lamenta, cuando varios cientos de cazadores abaten perdices, zorzales y palomas, gamos, muflones y venados. “Ni tan siquiera puedo vender armamento”. El cierre perimetral impide que pueda cumplimentar el envío en intervención de armas porque tendría que desplazarse a Vejer. “Si tampoco dispones de oficina de intervención de armas donde pediste la munición, no puedes dar cuenta de que la has recibido porque no puedes salir de tu pueblo”.
La Federación Andaluza de Caza no aporta cifras concretas sobre el impacto económico que tendrán las restricciones en el sector. Pero la caza en Andalucía, que cuenta con 252.779 licencias y 1.400 sociedades de cazadores, una media de dos por cada municipio, genera en un año 1.712 millones de euros y 49.000 jornales. Los retornos fiscales vinculados a la actividad genética ascienden a unos 162 millones de euros y los cazadores invierten en la región 49 millones más anualmente en conservación, con la instalación y mantenimiento de bebederos y comederos, tareas forestales o la creación de cortafuegos. A estas alturas, el año está prácticamente perdido.
“La mala gestión política también afecta a la salud”, apunta Rafael Albertos, quien admite que, “tal y como están las cosas, es lo mismo tener abierta la armería que cerrada”. Una ruina.
