Un grupo de militares retirados -en distintas oleadas de manifiestos públicos y conversaciones escritas privadas- quieren trasladar a la opinión pública española que hemos retrocedido cuarenta años o que debemos dar marcha atrás hasta 1980/1981 para que nos hallemos de nuevo en una “democracia vigilada”. Una democracia de ese tenor significa que los mecanismos constitucionales no funcionan con normalidad, sino que un poder extraconstitucional se arroga una pretendida facultad de estar investido de una autoridad moral y extralegal, pero superior a todos los demás, porque se hallan en la pretendida posición de defender al país hasta la última gota de su sangre, para que la patria se acomode a sus ideas.
No es nuevo en la historia atribulada de España. Todo el siglo XIX y parte del XX estuvieron plagados de golpes, proclamaciones y pronunciamientos para suplantar la voluntad del pueblo español. Con la finalidad del progreso o la del absolutismo y el retroceso, con la lógica de la revolución o la reacción, la democracia española fue siempre frágil y titubeante hasta que ha conocido este periodo largo de democracia consolidada desde la aprobación de la Constitución de 1978. Pero, tanto antes como tras su aprobación, se oyeron los famosos “ruidos de sables” y las irritantes “charlas de café” que se trasladaban a las cuarteles, a los cuartos de banderas, exigiendo medidas radicales que acabaran con el “desgobierno”. Así llegó el intento de golpe de Tejero, que provocó, por reacción, el mayor triunfo socialista de la historia, con 202 diputados para el proyecto de Felipe González. Pero antes, el pulso en los Consejos Generales de los ejércitos y las audiencias colectivas de militares por el rey Juan Carlos significaban que el país palpitaba con la actualidad militar. Era la anomalía española. Los militares jugando a condicionar la política del gobierno de turno. Eso hizo decir al presidente del gobierno de entonces -Leopoldo Caldo Sotelo- que no estamos ante una democracia vigilada sino ante una democracia vigilante. Anormalidad sobre anormalidad.
Los últimos episodios de estas semanas recuerdan aquellos hechos, pero suenan a naftalina. Tanto el rey Felipe como Pedro Sánchez tienen la enorme responsabilidad de hacer trasladar a la opinión pública que esas etapas de democracia tutelada son ya historia en España. En ningún país de la Unión Europea se tolera que los militares -ni activos ni jubilados- quieran condicionar a la soberanía nacional.
