El Ayuntamiento De San Fernando ha contratado los servicios de una empresa de seguridad privada para realizar los servicios propios de la Policía Local, con las competencias reconocidas por la normativa vigente, como es la vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
La denuncia la hace el Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI) y dice que lo hace ante la negativa de la negociación colectiva con los sindicatos, ante el déficit de plantilla policial al no cubrirse las vacantes producidas por jubilación durante esta legislatura y por las bajas médicas y confinamientos por el brote de contagios en la Jefatura de la Policía Local.
Ello ha motivado la “sorpresa” de los policías encargados de la vigilancia de todos los jueves en el recinto público de la Magdalena, cuando han observado en sus labores de control en el tradicional mercadillo, estos dos últimos jueves, la aparición durante la jornada laboral de vigilantes de una empresa de seguridad privada para controlar el aforo de la clientela, personas consumidoras y usuarias, para evitar el contagio por el coronavirus, “sin garantizar la obligación de intervenir como agentes de la autoridad o policía administrativa en la compra de prendas de vestir y otros artículos”.
SPLI recuerda que ya existen sentencias en Andalucía, al tener reconocidas la comunidad autónoma las competencias en materia de Policía Local, que fallan contra los ayuntamientos que han llevado a efecto este tipo de contrataciones, entre ellas, las de los municipios sevillanos de Carmona, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Almensilla, donde se tuvieron que suprimir estos servicios de vigilancia, por usurpación de funciones públicas, injusta y contraria a la Ley.
“De nuevo, la coalición municipal PSOE-Ciudadanos, de manera caprichosa al no querer convocar reunión, para la negociación colectiva con los sindicatos, haciendo caso omiso a la legislación básica, hacen política improvisada que no es la más adecuada para la ciudadanía de la Isla”, dice el SPLI.
