Dos oxidados anillos hallados en los restos exhumados en las fosas comunes del cementerio de San Fernando (Cádiz), han sacado a la luz la historia de Alberto García Martínez, un militar de Cartagena (Murcia) ejecutado hace 80 años por permanecer leal a la República.
Gracias a esos dos anillos, que tenían grabadas dos inscripciones con los nombres de "Dionisia" y "Alberto", se ha identificado a uno de los 106 militares que se estima que fueron ejecutados y sepultados en el cementerio de San Fernando.
Una pista fundamental para los investigadores
Su hallazgo ha sido como un regalo para el equipo de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) que desde 2017 trabaja en las excavaciones de las fosas comunes del cementerio local.
Se calcula que en ellas están los restos de 229 personas que fueron ejecutadas desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1940.
Hasta el momento sus trabajos han permitido exhumar 108 cuerpos. De ellos, tan sólo tres han podido, hasta el momento, ser identificados de forma "presuntiva", a la espera de la confirmación con pruebas de ADN.
El dato da idea de las dificultades que entraña la tarea de identificar los restos de las fosas y de la gran ayuda que, en este caso, han aportado estos dos viejos anillos.
Los llevaba puestos en el índice de su mano derecha el cabo fogonero Alberto García Martínez, natural de Cartagena, cuando, a los 43 años, fue ejecutado a las seis de la mañana del 18 de junio de 1940 en la tapia del cementerio de San Fernando tras ser sentenciado a muerte por el delito de rebelión.
El registro secreto de los sacerdotes
Cuando los arqueólogos descubrieron las inscripciones, pudieron enseguida relacionar los nombres con uno de los últimos apuntes José Casado Montado incluyó en 1992 en "Trigo Tronzado", un libro en el que este vecino de San Fernando había reunido un listado de los fusilamientos ejecutados en la ciudad por las tropas y el régimen franquista, entre ellos el del alcalde y sus tres hijos.
Para ello este vecino, fallecido dos años después de culminar este documento, había acudido a la Iglesia Mayor de San Fernando, porque sabía que allí había un volumen llamado "Libro único secreto", en el que los propios sacerdotes habían anotaban día a día los datos de los fusilados.
De forma clandestina, diciendo que investigaba a las cofradías locales, José Casado accedió a este libro y tomó anotaciones.
Entre ellas estaba la referencia a Alberto García Martínez, junto a su edad, que era cabo fogonero del buque militar "Almirante Valdés", su domicilio y que dejaba dos hijos, una niña de 9 años, y un niño de 17 meses. "Confesó y comulgó", añadían los sacerdotes en aquel libro.
"La intención de los sacerdotes de llevar ese registro no la se, pero la Iglesia estuvo del lado de los golpistas. Asistían a los fusilamientos y su única preocupación era confesar y comulgar a las personas que iban a ejecutar, no se opusieron", explica el antropólogo social.
Los buques militares leales a la República
El "Almirante Valdés" era uno de los buques de la Armada que no se sumaron al levantamiento contra la República.
Se sabe que partió de Cartagena el 5 de marzo de 1939 hacía Túnez y que de allí se dirigió a Cádiz.
"Era el final de la Guerra, estaba ya claro que la República no tenía nada que hacer. Seguramente habían pactado entregarse en Túnez y allí les debieron engañar para que partieran hacia Cádiz. Cuando llegaron les metieron en el campo de concentración de Rota", relata Javier Pérez.
La identificación del cabo fogonero ha llevado, gracias a la difusión en las redes sociales, a la localización de uno de sus nietos.
La difusión del listado de militares que iban en ese buque, o en otros como el destructor "Sánchez Barcáiztegui", que tuvo un final paralelo al "Almirante Valdés", ha permitido en las últimas semanas que otras cuatro familias puedan empezar a tener pistas de donde pudieron acabar sus vidas y sus restos.
La asociación AMEDE se puso en contacto hace unos años con el Ministerio de Defensa para reclamar su ayuda en las tareas de exhumación de los 106 militares represaliados por el franquismo cuyos restos están en el cementerio de San Fernando.
"La primera respuesta fue que no tenían constancia y en la segunda reconoce que hay una fosa, pero no se implica más, dice que no es de su competencia", cuenta el antropólogo.
Sin esperar esta ayuda, la asociación tiene esperanzas en lograr una nueva subvención: "si la conseguimos esperamos tener el proceso de esta excavación acabado en una año" dice Javier Pérez, que confiesa que se siente "agotado" por un trabajo que, como los profesionales de distintos campos y los voluntarios que forman parte del equipo, lleva a cabo por el compromiso de resarcir la memoria de las víctimas y el dolor de sus familiares.
Un arduo trabajo poco valorado
La asociación, que ha luchado por formar su propio equipo para llevar a cabo la excavación, recibió en los inicios una ayuda de la Junta de Andalucía. Después ha contado con el apoyo logístico del Ayuntamiento y subvenciones de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Presidencia.
Las subvenciones, cuenta el presidente de la asociación, no dan para mucho más que para pagar los gastos de los trabajos.
"La tarea que hay detrás, no sólo de la exhumación de los restos, sino la de identificarlos y localizar a sus familiares, a veces recurriendo incluso a la guía telefónica, muchas veces no se valora", explica este antropólogo social.
Una labor, también de bucear en la historia, siguiendo rastros en los archivos y en cualquier tipo de documentación, sin la que no hubiera sido posible saber que los anillos oxidados hallados pertenecieron el cabo fogonero Alberto García Martínez.
