La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado más de 1,3 millones de euros (1.332.090 euros) a la Diputación de Córdoba y los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
Esta cuantía cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, según establece la Orden que ha publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 12 de febrero y que se puede consultar en 'www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00003-2109-...'.
Según concreta la Consejería de Igualdad en un comunicado, las ayudas se reparten entre la Diputación (355.224 euros); y los ayuntamientos de Córdoba (355.224 euros); Baena (88.806 euros); Cabra (88.806 euros); Lucena (88.806 euros); Montilla (88.806 euros); Palma del Río (88.806 euros); Priego de Córdoba (88.806 euros) y Puente Genil (88.806 euros). Las ayudas beneficiarán a unas 613 familias y cerca de 1.235 menores.
El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Antonio López Serrano, subraya el compromiso de su departamento "para proteger a los más vulnerables y combatir una pobreza infantil que en muchas ocasiones es estructural y se hereda de padres a hijos". Así, estas ayudas económicas constituyen "un primer nivel de actuación y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida, dado que funcionan como medidas preventivas para que los niños puedan continuar con sus familias en casos de pobreza severa o exclusión", destaca.
Este programa, dotado con 13.720.602 euros, tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores. En total, las ayudas beneficiarán a 92 entidades locales en toda Andalucía y para este periodo se prevé atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados por 462 técnicos y 92 coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones con el objetivo de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres e hijos.
