En declaraciones a los periodistas antes de la vista oral, Domínguez aseguró que el hecho de que el procesamiento se siga por un jurado popular "no es cuestión de beneficios o perjuicios, ya que hay una cosa clara y es que puede evitar un perjuicio porque si no me opongo ahora es posible que dentro de dos o tres años el Tribunal Supremo diga que yo tenía razón y este tiempo se lo pasa mi defendida en la cárcel".
En este sentido, prosiguió que "si estuviera en libertad sería un asunto académico", a lo que añadió que su objetivo es "evitar que Rosa del Valle tenga que seguir en la cárcel por no seguir el procedimiento que el propio Tribunal Supremo dice que es el adecuado".
Así, ante el Tribunal de la Sección Primera, este letrado apuntó que "hay que cumplir la ley y la ley dice que este procedimiento hay que llevarlo a cabo con un jurado popular", indicando además que tanto la ley del Tribunal del Jurado como la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2009 del caso de la muerte de dos policías en L'Hospitalet de Llobregat, recogen que este caso debe llevarse a cabo con un jurado popular.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, representado por Alfredo Flores, insistió en que "le da igual un procedimiento que otro, mientras que el juicio se realice en el menor plazo posible, justo y con garantías".
En esta línea, argumentó que hay presos preventivos, entendiendo finalmente que el caso debe ser juzgado por un jurado profesional, ya que "la ley de Jurado Popular no es aplicable a este asunto", al partir de un delito contra la libertad sexual de la niña. Flores dejó claro que a pesar de la sentencia del 26 de junio, "la ley no ha cambiado".
No obstante, el fiscal indicó que Rosa del Valle "no ha pedido que se le juzgue con jurado popular", por lo que en caso de que se acepte la petición de su letrado, ésta debería pronunciarse al respecto, porque Domínguez es "un abogado de oficio y su clienta podría renunciar, en caso de no estar de acuerdo".
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
Por otro lado, la defensa de la familia Cortés, Alberto Fariñas, pidió la desestimación del recurso porque el jurado profesional "garantiza mejor los derechos de los inculpados porque se hablará de cuestiones muy técnicas" y porque no quiere "pérdidas de tiempo", indicando además que la sentencia del 26 de junio "ni cambia la ley ni crea jurisprudencia, así como que no hay razones entre la citada sentencia y la causa específica".
Por su parte, el abogado de Santiago del Valle, Juan López Rueda, se opuso igualmente al cambio de procedimiento, ya que entiende que cuando su cliente se siente en el banquillo, procurará que se siente "siendo inocente, a pesar de que existe una serie de televisión y un libro que lo inculpa directamente sin ponerlo de presunto", por lo que alegó que "si se juzga con jurado popular, éste lo verá directamente como culpable".
Del mismo modo, Leonardo Ponce, letrado de Isabel García, mujer de Santiago del Valle, a pesar de que su clienta ya está fuera del caso, también se opuso a la petición del jurado popular porque este procedimiento podría tener consecuencias negativas para su clienta, por lo que alegó que "se cambie o no el procedimiento a García se le deje fuera del caso".
