A falta de su último trámite en la Cámara Baja, los partidos políticos mostraron este jueves en la Comisión de Igualdad sus últimas posturas al respecto. Así, el PNV finalmente decidió apoyar la reforma propuesta por el PSOE, al igual que ERC-IU-ICV, mientras el PP se mostró en contra y CiU se abstuvo.
Presentada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la ley establece el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o por graves anomalías en el feto, con la exigencia de un solo informe médico.
La actual ley de julio de 1985 permite abortar en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación y hasta las 22 semanas en casos de riesgo de malformaciones en el feto, y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.
Al margen de los artículos sobre los llamados plazos para interrumpir voluntariamente el embarazo, el que más ha copado las numerosas enmiendas al proyecto de ley ha sido el que permite a las chicas de 16 y 17 años abortar sin contar con la opinión de los padres.
A este respecto, el PSOE ha consensuado con el PNV que en la redacción final se incorpore la “obligatoriedad de informar” a uno de los padres o tutores legales.
Pero con la excepción de aquellas menores que puedan “alegar fundadamente” que dicha comunicación les supondría un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
Según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2008, 115.812 mujeres se sometieron a una interrupción voluntaria de embarazo (IVE), un 3,27% más que el año anterior, y de ellas 10.221 eran menores entre 15 y 18 años.
En la renovada ley se reflejará de forma expresa el derecho a ejercer la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, y se contemplará que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud.
Se incorpora también la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo, y que los profesionales sanitarios estudien en las universidades la interrupción voluntaria del embarazo.
