La Comisión Europea (CE) presentó el martes el mandato negociador para el convenio que el Ejecutivo comunitario y el Reino Unido deben pactar a consecuencia del Brexit en torno a Gibraltar, un documento que satisface a España, pero no tanto al Gobierno británico y a las autoridades del Peñón.
El pasado 31 de diciembre, España y el Reino Unido lograron un principio de acuerdo sobre la situación en la que quedará la colonia, pero está pendiente del tratado que puedan alcanzar la Comisión Europea y el Gobierno británico.
Para iniciar esas negociaciones, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deberán dar luz verde al mandato que ayer publicó Bruselas.
La oposición del Reino Unido
Sin embargo, el Reino Unido consideró ayer que ese documento "socava la soberanía británica del Peñón" y "entra en conflicto con el acuerdo marco alcanzado con España" en Nochevieja.
Gibraltar también manifestó su oposición porque entiende que el mandato dejaría el control de sus fronteras en puerto y aeropuerto en manos de España, y no de agentes europeos de Frontex, como se determinó en el principio de acuerdo alcanzado el pasado 31 de diciembre.
Uno de los puntos clave de la negociación de aquel principio de acuerdo entre España y el Reino Unido, con Gibraltar, alcanzado horas antes de la entrada en vigor del Brexit, fue que la verja que separa la colonia y España sería derribada y que sólo se establecerían controles en su puerto y su aeropuerto, como si el Peñón fuera espacio Schengen.
Se determinó que España, que sí forma parte de Schengen, sería la "responsable última y la garante" de la aplicación de Schengen en Gibraltar, ya que el Reino Unido no forma parte de este espacio de libre tránsito, y que durante un periodo de transición de cuatro años para crear un marco de confianza agentes de la agencia europea Frontex asistirían a esos controles.
Los controles transfronterizos
El mandato que ayer propuso Bruselas recalca que en lo relativo a la circulación de personas, el objetivo del pacto entre la UE y el Reino Unido es eliminar las barreras físicas actuales, si bien se mantiene que Gibraltar "no pasaría a formar parte del espacio Schengen sin control en las fronteras interiores ni de la Unión Aduanera".
"Para garantizar la plena protección del espacio Schengen, el control y la vigilancia de las fronteras exteriores se realizarían en el puerto, el aeropuerto y las aguas de Gibraltar y correrían a cargo de España, en aplicación de las normas pertinentes de la UE", señala el mandato.
Añade que los guardias de fronteras españoles tendrían "todos los poderes necesarios para llevar a cabo los controles y la vigilancia de las fronteras y las obligaciones consiguientes".
El mandato no menciona a Frontex, pero el comunicado que Bruselas divulgó ayer sí precisa que en circunstancias en las que sea necesario un mayor apoyo técnico y operativo, cualquier Estado miembro, incluida España, podrá solicitar la asistencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
La Comisión reconoció este martes que España ya ha manifestado su plena intención de solicitar asistencia a Frontex.
El tiempo de estancia
El tiempo que una persona pase en Gibraltar se contabilizará como una estancia en el área Schengen y los nacionales del Reino Unido que no sean residentes del Peñón serán tratados como nacionales de países terceros a la hora de entrar y permanecer en la colonia.
Mientras tanto, los residentes de Gibraltar se considerarán nacionales de un país tercero en lo relativo a la aplicación del Derecho de la UE, si bien tendrán derecho a entrar sin visado en el espacio Schengen para estancias de hasta 90 días en cualquier periodo de 180 jornadas.
A los habitantes del Peñón no se les denegará el acceso a la colonia, señala el mandato.
Acuerdos de cooperación
El mandato también plantea "acuerdos de cooperación" para que España, "en cooperación con el Reino Unido", sea responsable de examinar las solicitudes de asilo presentadas en Gibraltar.
Asimismo, exige normas para garantizar "la obligación de España, en cooperación con el Reino Unido, de devolver a los nacionales de terceros países en situación irregular desde el territorio de Gibraltar" y reglas para que España tenga la competencia exclusiva para emitir visados para estancias cortas en Gibraltar, así como para conceder visados para estancias de larga duración y permisos de residencia en el Peñón a nacionales de terceros países.
Bruselas pide que el pacto contenga normas por las que solo personas con una conexión "real" con el Peñón puedan tener derecho a residir en él.
Movimiento de bienes
El mandato contempla la eliminación de las barreras físicas, "incluida cualquier infraestructura física o puesto de control y los controles de mercancías relacionados", entre Gibraltar y la Unión.
En ese sentido, la CE sugiere una unión aduanera entre la UE y Gibraltar y garantizar la aplicación del acervo comunitario sobre el mercado único para los bienes que entren y salgan del Peñón. Menciona la cooperación aduanera y fiscal, un alineamiento de las reglas fiscales del Peñón para bienes con las españolas y la lucha contra la elusión de impuestos, entre otros asuntos.
La Comisión pretende, además, que el pacto contemple las áreas de transporte, clima, coordinación de la seguridad social y derechos de los ciudadanos, y que garantice la competencia abierta y justa.
Gobernanza
Igualmente, prevé un mecanismo de gobernanza que incluye una revisión de la aplicación del acuerdo al cabo de cuatro años, la posibilidad de que ambas partes lo rescindan en cualquier momento y la opción de suspender unilateralmente su aplicación en determinadas circunstancias.
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Las claves del mandato negociador de la UE sobre Gibraltar
El Ejecutivo comunitario y el Reino Unido deben pactar un convenio en torno a Gibraltar a consecuencia del Brexit
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