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Viernes 14/06/2024  
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Almería

Busca y captura para la pareja acusada de explotar a mujeres en un club de alterne

De las que supuestamente se "aprovechaban" para "enriquecerse, sabiendo de su necesidad y vulnerabilidad al no disponer de medios para subsistir"

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  • Audiencia Provincial de Almería. -

La Audiencia Provincial de Almería ha decretado orden de busca y captura para una pareja que debía comparecer este jueves en juicio oral acusada de regentar un club de alterne en Níjar y de captar a mujeres en situación irregular en España de las que supuestamente se "aprovechaban" para "enriquecerse, sabiendo de su necesidad y vulnerabilidad al no disponer de medios para subsistir de otra forma".

El tribunal de la Sección Segunda ha condenado a un tercer encausado, quien ha reconocido los hechos en sala y ha aceptado los tres meses de multa a razón de tres euros al día que ha pedido el fiscal como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ya que trasladó en su vehículo a las mujeres que eran explotadas en el club de alterne.

El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia que acuerde la busca y captura de la pareja que regentaba el local y que se enfrenta a penas individuales de cuatro y dos años de prisión por la presunta comisión de dos delitos de prostitución, en el caso de ella en calidad de cómplice, y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros e interesa.

Al margen de las penas privativa de libertad, el fiscal pide que se les inhabilite por periodo de 12 y ocho años para profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores de edad.

Según indica el escrito de acusación, el procesado regentó un club de alterne en Campohermoso desde 2019 y hasta principios de 2023 y habría captado a las mujeres con "ánimo de enriquecerse" mediante entrevistas "personales" en las que "les ofrecía la posibilidad de obtener importantes ingresos" por prostituirse.

Señala el fiscal que, una vez las entrevistaba y les hacía "una foto del pasaporte para, así, controlarlas", las víctimas comenzaba a "trabajar de inmediato" y añade que "eran supervisadas" cuando "no estaba con algún cliente", por la otra acusada.

El escrito precisa que la jornada ordinaria de trabajo de entre 10 y 13 mujeres "se extendía" durante ocho horas aunque "dependía de la clientela" y apunta que la "tarifa habitual" por "los servicios" iba desde los diez a los 100 euros.

Remarca que, si bien el dinero lo "cobraban personalmente" las víctimas, debían "entregar" presuntamente a la acusada entre diez y 20 euros por servicio superior a 30 minutos, dinero en "metálico que ella entregaba a su pareja" y coacusado. Además, según recoge el Ministerio Público, cada mujer "tenía que abonar, trabajara o no, 100 euros semanales por la estancia en el local" a ambos procesados.

En la causa figuran dos de las víctimas como testigos protegidos y, de acuerdo a su testimonio, el escrito explica que todas trabajaban "bajo las condiciones que les impuso" el acusado; que él apenas les permitía salir de las habitaciones que carecían de baño propio y de un patio interior, que no "podían parar de trabajar o eran sancionadas" o que, si trabajaban "más que la procesada", eran "sancionadas a dormir en el patio".

En la entrada y registro en enero de 2023 en el club de alterne, los agentes hallaron un palo de madera de 80 centímetros, y 49.900 euros provenientes de su actividad ilícita.

El escrito de calificación fiscal, con el mostraron conformidad los acusados en su día, pide que se les imponga 12 y ocho años de libertad vigilada y el pago de una multa de tres meses con cuota diaria de tres euros.

El Ministerio Público se opone a la suspensión de la condena al procesado y pide que continúe, desde que sea firme la sentencia, en el centro penitenciario en el que está ingresado hasta superar la pena impuesta individualmente de dos años de cárcel ya que, según subraya, cuenta con antecedentes por lesiones en ámbito de la violencia doméstica.

Sí se muestra favorable a la suspensión de la condena en el caso de ella al tener en cuenta el tiempo pasado en prisión preventiva a condición de que no delinca en tres años, abone la responsabilidad civil que fija en 8.000 euros para cada una de las dos víctimas denunciantes a pagar de forma conjunta y solidaria, y cumpla 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

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