La jueza que investiga la presunta malversación de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas, entre ellas la Administración autonómica, para que se pronuncie sobre si procede transformar las diligencias previas en procedimiento por la Ley de Jurado.
Fuentes del caso han indicado a Europa Press que, en su providencia, la magistrada instructora Alejandra Dodero les requiere, asimismo, por si considerasen oportuno la práctica de nuevas diligencias para determinar responsabilidades en una causa en la que están imputados los exdelegados provinciales entre los años 2009 y 2011 Clemente García y Sonia Rodríguez además de tres funcionarios.
El Ministerio Público no ha dado respuesta aún a esta providencia, por lo que no se ha ordenado una nueva batería de diligencias en el marco de un procedimiento que se inició a raíz de la denuncia presentada en enero por la Junta de Andalucía.
La citada denuncia recogía que con García, quien prestó declaración en abril imputado, se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros mientras que con su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, quien declaró los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros.
Con el actual delegado, José Manuel Ortiz Bono, en la causa como perjudicado ya que interpuso la denuncia que dio lugar a conocido como caso 'Cheques', la cantidad ascendería a unos 40.000 euros.
Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.
La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".
Por el momento, han prestado declaración en calidad de imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos los dos exdelegados provinciales entre 2009 y 2011, el exsecretario general de la Delegación cuando García estaba al frente, A.S., y dos funcionarios, J.T. y M.G., este último a quien se atribuye presuntamente la realización de todas las disposiciones mediante cheque en la citada cuenta, segun fuentes de caso.
TRIBUNAL DE CUENTAS
De manera paralela a la vía penal, el Tribunal de Cuentas mantiene abiertas actuaciones previas para dirimir una posible responsabilidad contable por desvío de dinero público. El procedimiento está aún en fase preliminar por lo que no se ha citado a declarar a ningún implicado aunque desde el órgano fiscalizador sí se ha remitido oficio al Juzgado número 1 de Almería para recabar datos sobre lo instruido hasta el momento y la filiación de algunos de los imputados.
Las actuaciones previas se abrieron después de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta andaluza pusiese en su conocimiento las irregularidades detectadas en un cuenta sin fiscalizar en la que se ingresa el canon forestal.
Fue la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente la que puso en conocimiento del interventor de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y esta Consejería trasladó a su vez las presuntas irregularidades a este órgano.
