La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar 13 años de inhabilitación para cargo público como miembro del Ayuntamiento al exalcalde de Carboneras y actual edil de Gicar al considerar que durante su etapa al frente el Consistorio habría adjudicado varios servicios a dos empresas "indebidamente como contratos menores" para que esas actividades las efectuaran "personas de su confianza" pese a "ser conocedor de las irregularidades administrativas" y "a sabiendas de su ilegalidad".
En su calificación provisional, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público acusa al regidor de un delito continuado de prevaricación administrativa sin tener en cuenta para fijar su petición los dos años que Hernández estuvo inhabilitado por un delito de atentado contra los derechos cívicos al negar información a la oposición, del que ya dio cumplimiento.
Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera ha acordado la apertura de juicio oral contra el edil, que será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Almería como órgano competente para este tipo de casos.
La fiscal estima en este caso que el entonces alcalde se valió de la junta de gobierno local para adoptar una serie de decisiones administrativas "contrarias a la ley" al adjudicar varios servicios a determinadas empresas "tramitándolo indebidamente como contratos menores, afectando los principios de concurrencia y publicidad que deben regir la contratación pública, a pesar de ser conocedor de las irregularidades administrativas".
Así, la acusación estima que el objetivo del exprimer edil era adjudicar esas actividades "a personas de su confianza" a pesar de que podía acudir al asesoramiento de la Diputación Provincial de Almería, a cuyos servicios recurrió en más de 280 ocasiones para consultas en materia económica, jurídica, urbanística y de recursos humanos.
UNOS 300.000 EUROS EN CONTRATOS
La investigación se centra en los contratos realizados a dos empresas entre, al menos, 2011 y 2016 por un importe total de más de 300.000 euros mediante su supuesto fraccionamiento para eludir la publicidad de dichas contrataciones y realizar los contratos de manera discrecional.
De este modo, la Fiscalía apunta a la realización de al menos seis encargos entre 2014 y 2015 para la asistencia técnica a la empresa a la que ya se había adjudicado la redacción del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Carboneras y sus determinaciones en julio de 2008.
Junto a estos contratos, la causa también investiga los informes técnicos y expedientes de licencias de obras firmados por una trabajadora de la mercantil que era "similares como si fuera técnico municipal, ocupando su propio despacho en el área de Urbanismo del Ayuntamiento".
Dicha trabajadora, sobre la que se archivó la causa durante la instrucción, habría emitido al menos diez facturas entre septiembre de 2015 y julio de 2016 por sus honorarios por un importe total de 29.000 euros, a pesar de que "no consta el contrato suscrito" entre la empleada y el Ayuntamiento. Según sus conclusiones, la Fiscalía estima que el importe total de todas las facturas asciende a 204.918 euros.
A tenor de estos hechos, la fiscal aprecia varias "irregularidades", como que el objeto de las facturas fuera, en esencia, "similar", ya que consistía en "trabajos relacionadas con el Área de Urbanismo".
Asimismo, aprecia que dichas prestaciones tenían un carácter "recurrente", por lo que "debería haberse planificado su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios, sin recurrir al contrato menor o al procedimiento negociado por razón de cuantía", toda vez que "no se acompañan los contratos con los que podrían estar relacionadas las facturas".
La acusación también señala que entre 2011 y 2015 el acusado adjudicó a otra empresa seis contratos por un importe de 96.000 euros que se tramitaron como contratos menores "a pesar de tener un servicio idéntico", ya que eran para "servicios de asesoramiento económico financiero en materia de contabilidad pública local".
Según la investigación judicial, no se habría llegado a consultar los presupuestos de otras empresas para comparar precios a la hora de adjudicar los servicios de forma más barata mientras que, al mismo tiempo, se habría procedido al "fraccionamiento" del contrato para "disminuir la cuantía del mismo" y así "eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".
