El colectivo de funcionarios habilitados nacionales se ha manifestado este martes en Madrid contra la medida del Gobierno de España de “estabilización de empleo temporal” para los puestos de secretario, interventor y tesorero de las corporaciones locales de toda España. Así, han protestado "por la inadecuada aplicación a este Colectivo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, a través del Decreto 408/2022, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP). Con el lema "la plaza no se regala", han iniciado la marcha desde la madrileña Plaza de las Cortes a las 13:30 horas. Según afirma la organización, con esta movilización "no se pretende ir contra nadie. Es una protesta contra la injusticia". Critican la "injusticia" contra un colectivo seleccionado y preparado por el Estado "para cumplir unas funciones que garanticen el funcionamiento de las Administraciones Locales, dentro de los principios del Estado de Derecho".
Así, protestan por "ver cómo se regala un título y se menosprecia el esfuerzo que han realizado (y están realizando) todos los que acuden a la manifestación, a los que el propio Ministerio que hoy pretende ese regalo lleva hurtando durante años la posibilidad de acceder por el cauce de la libre oposición, no convocando conscientemente las plazas suficientes para cubrir las vacantes". De esta manera, claman "contra una profesión que ve como día a día las exigencias de su trabajo son mayores, con la amenaza siempre constante de acabar ante los Tribunales dada la gran carga de responsabilidad que existe en el ejercicio de nuestras funciones". También destacan la "injusticia con el mundo rural, al que consideran de segunda o tercera categoría, no dotándolos de habilitados nacionales debidamente formados con mérito y capacidad".
También critican que con esta medida a los ciudadanos "se les sustrae el derecho de que sus ayuntamientos, comarcas y mancomunidades estén garantizadas desde un punto de vista legal y económico gracias al trabajo de los funcionarios habilitados nacionales".
Aparte de esta manifestación, el colectivo ha avanzado su intención de impugnar la oferta pública de empleo para 2022 aprobada por el Gobierno central, así como las ofertas de empleo público para la “estabilización” del personal funcionario de las administraciones locales.
"En la actualidad somos más de 6.000 profesionales, trabajando en las entidades locales, desde las más grandes a las más pequeñitas, realizando informes, asesorando jurídicamente a los alcaldes, dando fe pública de los actos y acuerdos y emitiendo certificaciones de los mismos, realizando labores de contabilidad y tesorería, y colaborando en el cumplimiento de la legalidad en la Administración Local", señalan.
