La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para impulsar un nuevo marco normativo que sirva para "simplificar, agilizar y flexibilizar el procedimiento de concesión de las Ayudas Económicas Familiares", que la comunidad autónoma "destina a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios andaluces de más de 20.000 habitantes".
Así se recoge en la información que la Junta ha publicado al lanzar una consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de orden reguladora del programa de Ayudas Económicas Familiares, consultada por Europa Press y que estará vigente hasta este próximo martes, 24 de enero, para que ciudadanos y asociaciones puedan trasladar a la administración autonómica opiniones sobre dicha iniciativa.
En concreto, con esta iniciativa se busca reformar la orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales, y con ella se pretende el citado objetivo de "simplificar, agilizar y flexibilizar el procedimiento de concesión" de las mismas.
Las Ayudas Económicas Familiares, según se leía en la citada orden de 2013, consultada por Europa Press y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 16 de octubre de 2013, constituyen "prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias".
La Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, órgano directivo con competencias en la materia, "dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Orden de 10 de octubre de 2013, la experiencia acumulada en la gestión, las últimas reformas legislativas operadas y la evaluación del Programa, ha concluido que es necesaria una revisión profunda de la normativa vigente a fin de establecer un nuevo marco normativo que dé respuesta a los nuevos retos y necesidades del programa", argumentan desde la Junta al abrir esta consulta pública.
Concretamente, el Gobierno andaluz enumera como "objetivos" de esta iniciativa los de "eliminar la necesidad" tanto de "firmar convenios o prórrogas para el desarrollo del programa" como de "realizar un pronunciamiento expreso anual por parte de las entidades locales beneficiarias de las Ayudas Económicas Familiares".
La Junta también busca "agilizar los pagos correspondientes a las transferencias dirigidas a las entidades locales", además de "flexibilizar y actualizar los criterios económicos para la concesión y asignación de las ayudas, así como el procedimiento establecido", y "actualizar la redacción del articulado".
Desde la Consejería que dirige Loles López confirman que "las modificaciones que se pretenden aprobar requieren la aprobación de una nueva orden", para lo que ha abierto la citada consulta pública previa que permite a "ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren" hacer "llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados" durante un plazo que comenzó el pasado 10 de enero y que concluye el próximo martes día 24.
En concreto, las aportaciones ciudadanas deben dirigirse por correo electrónico a la dirección 'consultapublica.infancia.cisjufi@juntadeandalucia.es', incluyendo el nombre y apellidos, o razón social o denominación de la entidad a la que represente quien las envíe.
