La sección de menores de la Fiscalía Provincial de Jaén incoó a lo largo del ejercicio del año 2009 un total de 88 expedientes por supuestos casos de absentismo escolar, "habiéndose practicado diligencias en casi todos ellos".

Tal y como se recoge en la memoria de la Fiscalía Provincial de Jaén, de esos expedientes se han archivado un total de 35, de manera que se mantienen en trámite los 53 restantes.

Además, recoge que a principios del año 2009 quedaban pendientes tres expedientes del año anterior, "estando todos ellos archivados en la actualidad". De estos expedientes del año 2008 y concluidos en el año 2009, en uno se formuló denuncia remitida al Juzgado de Cazorla.

En cualquier caso, la sección de menores del Ministerio Fiscal especifica en la citada memoria que en "los últimos cinco meses se ha notado un abrumador descenso del número de oficios recibidos en la Sección".

Según precisa, en el año 2009 existían varias formas de inicio de expediente, consistentes bien por la recepción de un oficio de la Policía Autonómica en el que se indicaba que se había apercibido de desobediencia a algún progenitor, "ignorándose cualquier otro tipo de dato o motivo que había dado lugar a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"; bien por la recepción de un oficio de la Delegación de Educación en el que se comunicaba la existencia de una serie de menores calificados como grandes absentistas, "sin más datos" o bien por la recepción de un oficio de la Policía Autonómica informando de que había sorprendido a un menor en la calle estando "en edad y horario escolar".

Una vez tenían esos datos, se oficiaba al centro educativo para que les informara de las posibles faltas de asistencia del menor y además se citaba al menor y a su representante legal para que justificaran las faltas de asistencia. A los tres meses se volvía a oficiar al centro escolar para comprobar si el menor seguía siendo absentista.

No obstante, "a principios de año se constató que este sistema no era siempre operativo porque a veces el menor había cambiado de centro escolar y porque se ignoraba qué intervención se había tenido con los representantes legales y grado de implicación de estos", constata la Fiscalía, que agregó que a eso se suma que "no siempre comparecían los citados a declarar ante el fiscal y cuando lo hacían, casi siempre decían que habían tratado el tema con la Delegación u otros entes y no con el centro".