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Lunes 29/04/2024  

Andalucía

Antonio Barrientos asegura que actuó en defensa de la legalidad

El ex alcalde socialista de Estepona sale de la cárcel confiando en que "todo se aclare" y demandando "el beneficio de la duda" porque el tiempo "pone a cada uno en su lugar".

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  • Barrientos hace declaraciones a los periodistas tras salir de prisión -
  • El ex regidor de Estepona sale de prisión tras abonar los 150.000 euros de fianza

El ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, acusado por corrupción municipal en el caso Astapa, dijo ayer, a su salida de la cárcel, que ha actuado en "defensa de la legalidad" y que protegió los "intereses colectivos del municipio". 


"Confío, anhelo y deseo que en esta historia sin sentido todo se aclare", apuntó Barrientos, quien abandonó la cárcel de Alhaurín de la Torre tras pagar una fianza de 150.000 euros impuestos por la jueza encargada del caso, Isabel Conejo. 


El ex regidor de la localidad malagueña entiende "que haya gente con cierta incredulidad e incertidumbre" sobre su implicación en el caso Astapa, pero en este sentido, demandó "el beneficio de la duda", ya que "hay un juez implacable que es el tiempo, que pone a cada uno en su lugar". 


Acompañado por su hermano, Barrientos abandonó el centro penitenciario sobre las 21:10 horas, y afirmó a los periodistas que se siente "con espíritu calmado, muy sosegado y con mucha paz interior", a lo que añadió que existe "mucha gente involucrada decente y honesta que ha trabajado con integridad y honradez por el pueblo" de Estepona. 


La salida del ex alcalde de esta localidad malagueña estuvo marcada por la presencia de más de una treintena de periodistas, fotógrafos y operadores de cámaras de diversos medios de comunicación, que esperaron ante la puerta de la prisión de Alhaurín de la Torre desde tempranas horas de la mañana. 


"Agradezco las muestras de apoyo y el afecto de mucha gente", agregó Barrientos, quien indicó que lo primero que hará cuando llegue a su casa será "comerme un huevo frito con patatas". 


También abandonaron la prisión los concejales Manuel Reina y José Ignacio Crespo -ambos del Partido de Estepona- y el ex jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores, que abonaron ayer la fianza de 150.000 euros para poder salir en libertad provisional. 


La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, adoptó esta decisión después de que el Ministerio Fiscal solicitara el cambio de situación personal de los imputados, que tendrán obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados y a quienes les retirarán sus pasaportes. 


La investigación de esta causa se centró en un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio y casi seis meses después de destaparse la trama suma 63 imputados, de los que 19 están en libertad bajo fianza y 40 en libertad sin fianza, mientras que para los cuatro encarcelados se modifica ahora su situación. 


Antonio Barrientos, que fue elegido alcalde con el PSOE, ha permanecido en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 20 de junio en la cárcel de Alhaurín de la Torre tras ser detenido en esta operación tres días antes. 


Está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales y dimitió como alcalde al ser encarcelado. 


Por otra parte, Crespo, que ha estado en prisión desde ese día, ejercía de portavoz del PES en el Ayuntamiento y fue primer teniente de alcalde de 2003 a 2007 con Barrientos como alcalde. 


La juez imputa a este abogado madrileño y a Flores los mismos delitos que al ex alcalde, mientras que a Reina además de esos se añade el de fraude. 


La instructora imputó precisamente la pasada semana los delitos de tráfico de influencias y blanqueo a la madre y hermano del ex alcalde, que declararon ante ella y el fiscal Anticorrupción, aunque no se adoptaron medidas cautelares contra ellos. 


Entre los imputados del caso hay concejales de Estepona que pertenecieron al PSOE y al Partido Andalucista (PA), empresarios, abogados, arquitectos, técnicos y funcionarios municipales y ex cargos de confianza del consistorio. 


Una quinta persona llegó a estar en prisión por este caso, el ingeniero técnico Javier Wittmeur, puesto en libertad bajo fianza el 31 de julio tras pagar 60.000 euros.

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