La delegada provincial de Medio Ambiente y directora de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz, Silvia López, explicó ayer a empresas del sector -consultoras y suministradoras- las inversiones que se están acometiendo en la provincia gaditana, un total de 23 proyectos que suman un coste de 211 millones de euros.

Medio Ambiente ha iniciado en la provincia de Cádiz una serie de Encuentros con el agua, reuniones con los colectivos relacionados, para escuchar sus inquietudes e informarles de las novedades que pueden interesarles de cara a su trabajo. A las mantenidas hoy seguirá una tercera reunión con los colectivos de consumidores y vecinos.

De esta forma, el encuentro con las consultoras que han venido trabajando en los últimos años en proyectos de la Agencia Andaluza del Agua se centró en las cifras de inversión. Según detalló López, a lo largo del año 2010 finalizaron un total de 11 proyectos, con un coste de 32,4 millones de euros, entre los que destacan la integración del río Guadalete en Arcos y la conexión del depósito del Agostado a Costa Ballena para la mejora del suministro. Cada uno de estos proyectos tiene un coste que supera los seis millones de euros.

Entre las obras actualmente en ejecución citó la construcción de una nueva depuradora para Algeciras, con un presupuesto de 28 millones de euros, o la creación de sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración en la zona de la Rana Verde, en Chiclana de la Frontera, por importe de 15,1 millones de euros.

Silvia López destacó que la Agencia Andaluza del Agua tiene para Cádiz un banco de proyectos por importe de 304,6 millones de euros listos para ser licitados conforme a la disponibilidades presupuestarias. Entre ellos, se consideran prioritarios las mejoras del abastecimiento a Zona Gaditana y al subsistema central de la Sierra.

En el caso de las empresas privadas que trabajan en Cádiz, dedicadas a la gestión tanto de redes de suministro como de depuración, la delegada se centró en la nueva Ley de Aguas y, concretamente, en el canon de mejora.

Según explicó López, la nueva medida es “solidaria y fomenta la cohesión territorial, en pro del ahorro y contra el despilfarro”. La delegada provincial argumentó que la Ley “hace suyo el obligado principio de recuperación de costes establecido por la Directiva Marco de Agua europea. Todos los ciudadanos pagarán por un beneficio, por unos servicios públicos de agua de calidad y en condiciones de igualdad sean del municipio que sean”.

Además, el nuevo régimen económico del agua persigue los principios de equidad y cohesión territorial entre todos los municipios andaluces y permitirá hacer efectivo un plan de infraestructuras que garantice la consecución del buen estado de masas de agua como obliga la norma comunitaria.