Jiménez Ballester informó a Efe de que las 480 actas se guardarán en un lugar “absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales”, aunque no precisó más datos por los mismos motivos de seguridad. Un portavoz de la Junta de Andalucía mostró su satisfacción por el método de custodia por parte de la Guardia Civil y precisó que las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años se trasladaron a los juzgados de Sevilla en once sobres lacrados y diligenciados por funcionarios de las secretarías del Gobierno. El objetivo de la Junta respecto al traslado de las actas era reforzar la seguridad de los juzgados con medidas especiales, ya que “entendemos que estos documentos, de máxima importancia, deben tener la máxima seguridad”, según las fuentes. La juez que investiga los ERE presuntamente fraudulentos había dado a la Junta un plazo de 72 horas para entregar estas actas, bajo la advertencia de incurrir en un delito de desobediencia.
Ahora Alaya está a la espera de que las partes se pronuncien sobre el conflicto de jurisdicción que la Junta quiere plantear ante el Supremo, pues entiende que el contenido de esas actas es reservado. Alaya quiere conocer si los Consejos de Gobierno adoptaron algún acuerdo o conocieron alguna decisión relativa al fondo con el que se financiaron los expedientes irregulares.
En su investigación interna, la Junta identificó un total de 183 irregularidades, de las que 111 define como “discordancias administrativas” y 72 “intrusos” o personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas. La juez, por otra parte, ha pedido a la Junta un funcionario de refuerzo que apoye la tramitación de los tres sumarios de gran volumen que investiga: los ERE, los cuatro sumarios del Caso Mercasevilla y la investigación del delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.
Por su parte, el PP ha asegurado que la decisión de la Junta de cambiar la normativa para reforzar las medidas de control de las ayudas destinadas a los trabajadores afectados por expedientes de expedientes de regulación de empleo suponen “un intento de maquillar el fraude con diez años de retraso”. En rueda de prensa, el vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, señaló que la orden, elaborada por la Consejería de Empleo y publicada en el BOJA, supone, además del reconocimiento de que hasta ahora había una ausencia de normativa, una “moción de censura encubierta a los anteriores consejeros” de Empleo.
A su juicio, esta “rectificación” es la prueba de que en los últimos diez años había una falta de normativa y se había creado una”trama de corrupción con fines económico.
