La pasada semana el CSIF volvía a poner de manifiesto algo que es ya recurrente en los últimos tres años: el intento de blindaje de algunos cargos de la delegación de urbanismo ante la previsible debacle socialista en las próximas elecciones. El CSIF, corroborando lo denunciado la pasada semana por Estepona Información en relación a este mismo caso, hacía pública una nota de prensa en la que se afirma que "mediante Decreto de fecha 24 de Marzo de 2011 firmado por el Señor Alcalde, D. David Valadez López y por el Secretario Acctal, se nombra funcionario interino al Señor. s.f. quién a partir de ahora pasará a ocupar una plaza de Asesor Jurídico de Urbanismo", añadiendo que "este empleado que hasta ahora ocupaba plaza indefinida en una de las sociedades mercantiles de las que el Ayuntamiento dispone y que se encuentra imputado en el caso Astapa, es persona cercana al Gerente de Empladus D. Diego de Lucas".
"Este blindaje se suma al que mediante la aprobación de los presupuestos municipales se pretende llevar a cabo con el citado Diego de Lucas, persona que al parecer es a su vez muy cercana al empresario Juan José Hidalgo, propietario mayoritario de los mal llamados terrenos de la universidad", sigue la breve pero contundente nota de prensa en la que se añade que "para consumar el blindaje el Alcalde del PSOE no ha dudado en obviar un informe de la Secretaría Municipal que de manera rotunda y clara sostiene la vulneración de diversos preceptos legales. El informe dice entre otras cosas que en el expediente nos constan las razones de urgencia y necesidad en las que se fundamenta el nombramiento".
Llueve sobre mojado
El primer aviso en relación a Diego de Lucas, lo lanzó el concejal no adscrito, Juan Manuel Rodríguez en un pleno celebrado en noviembre de 2009. Allí, públicamente, haciendo referencia al punto en el que se iba a abordar una modificación de elementos de la parcela SUNP-R2 "Guadalobón" y que finalmente fue eliminado por el alcalde, arremetió a base de insinuaciones contra el gerente de la empresa municipal, quien firma en la documentación entregada a los ediles respecto al asunto como "arquitecto municipal".
En este sentido el edil protestó contra esta suplantación de cargo profesional y preguntó a Valadez porqué de Lucas tiene despacho en la delegación de Urbanismo y no en la sede donde se ubica la empresa de la que es gerente. Asimismo, Rodríguez habló de gente que viene de Madrid en aviones y de otras muchas posibles asociaciones que "si a buen entendedor pocas palabras bastan" fueron las manifestaciones del edil.
Ese mismo año, De Lucas, como gerente de Empladus, informaba sobre los ingresos por cuotas de urbanización previstos a los efectos de la solicitud del crédito ICO, finalmente no autorizado por el pleno, cifrándolos en 17,4 millones euros a los efectos de justificar la posible amortización del mismo. El ejercicio 2009 se cerró con 1,5 millones de ingresos brutos que le reportaron al Ayuntamiento escasamente 150.000 euros correspondientes a su 10 % de participación en las cuotas frente a los más de 17 millones presupuestados.
Continuó De Lucas su trayectoria polémica con las productividades derivadas de los trabajos de la Adaptación al PGOU que han dado resultado, además de numerosas críticas por el fondo, la forma y lo irregular del reparto de una subvención de la Junta de Andalucía cuya distribución de trabajos, objetivos y reparto llegó cuando el expediente estaba prácticamente finalizado por técnicos que se negaron a participar del reparto dada su arbitrariedad, a una denuncia ante los tribunales presentada por el Partido Estepona.
Otro de los focos de conflicto ha sido la gestión en Empladus, empresa para la que fue contratado y que, entre otras incidencias, fue objeto de una denuncia en el propio pleno en que se aprobaban sus cuentas por cobros irregulares de cuotas de urbanización en la urbanización Bahía Doncella y la existencia de una "cuenta fantasma" que no figuraba en la contabilidad oficial o, al menos, no había sido entregada a los auditores. Empladus tiene pendiente una solicitud de concurso, solicitada por los administradores judiciales de Proycontec, empresa que vio como se gastaba el Ayuntamiento el importe de sus cuotas para el pago de nóminas.
