El pleno del Congreso volverá a debatir y a votar el próximo 26 de septiembre la senda de déficit acordada por el Gobierno para el periodo 2025-2027, sin contar a día de hoy con el apoyo asegurado de los imprescindibles siete diputados de Junts per Catalunya, que ya tumbaron la senda el pasado mes de julio.
En esa ocasión, Junts justificó su rechazo en la baja ejecución en Cataluña de presupuestos anteriores.
Desde el Gobierno confían en que Junts no permita, votando nuevamente en contra, que se haga un recorte fiscal que en Cataluña supondría dejar de ingresar más de 500 millones de euros.
En España el ajuste sería en total de 11.550 millones: 6.600 millones en dos años a las comunidades autónomas y 4.950 millones en dos años a las entidades locales.
En caso de que esta segunda senda resultara aprobada, tendría que pasar al Senado, donde todo apunta a que sería rechazada con la mayoría absoluta del PP, lo que obligaría a devolverla al Senado para que levante ese veto, un proceso que llevaría varias semanas.
Hasta que no haya una senda de estabilidad, el Gobierno no puede presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, algo que debería hacer antes de final de septiembre para que se tramiten en las Cortes en los últimos tres meses del año y entren en vigor el 1 de enero próximo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aprobado ningunos presupuestos en esta legislatura, ya que renunció a presentar los de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña.
