—El agua es protagonista principal en este principio de Legislatura. ¿Cómo valora el respaldo obtenido por el Pacto Andaluz por el Agua?
—Pone de manifiesto el gran esfuerzo realizado por la Consejería y el gran trabajo desarrollado durante el proceso de participación, con el compromiso y el papel activo de todas las organizaciones, colectivos y entidades, un Pacto que queremos desarrollar durante el próximo año. Da repuesta a una de nuestras prioridades en el nuevo escenario que se abre con la transferencia del Guadalquivir que haremos efectiva el 1 de enero. Hemos apostado por el consenso, el diálogo y el acuerdo para articular las políticas de aguas de los próximos años, conscientes de que este recurso estratégico y básico debía de quedarse al margen de la confrontación política.
—¿Cuáles serán los objetivos de la futura Ley del Agua?
—La nueva Ley de aguas va a ser una normativa hecha por y para los andaluces, que recogerá todas las particularidades de nuestra región. Se va a hacer en un periodo histórico idóneo para Andalucía con la transferencia de la Cuenca del Guadalquivir, permitiendo que por primera vez una Comunidad tenga plenas competencias en la gestión de todas las aguas que transcurren por su territorio. Así, cualquier andaluz de cualquiera de las cuencas andaluzas será tratado con los mismos criterios de eficiencia, sea cual sea su municipio de residencia. Asumimos una gran responsabilidad y un gran reto con la transferencia del Guadalquivir, pero también una gran oportunidad para construir entre toda la sociedad andaluza una nueva política hidráulica, sostenible con el medio ambiente, que asegure la disponibilidad de agua de calidad para todos sus usos y que dé cumplimiento a las directrices marcadas desde la Directiva Marco de Agua.
—¿Qué nos puede adelantar del famoso canon o precio del agua?
—Es ineludible cumplir con los principios de la Directiva Marco de Aguas, referentes a la recuperación de costes y a la máxima de que “quien contamina paga”, en el que están de acuerdo todos los implicados en el Acuerdo del Agua, así como que estas tarifas sean equitativas para todos y que cualquier persona, entidad, comunidad o usuario deben pagar proporcionalmente por los servicios recibidos. Estos parámetros serán la base para modernizar el sistema económico financiero del agua, que se regulará mediante los mecanismos pertinentes. Para conseguir una homogenización de estos precios, también deben equiparase los estándares de calidad y para ello queremos contar con un Observatorio del Agua, un organismo propuesto en el acuerdo y que ha contado con el apoyo unánime de todos los agentes.
—¿Cómo incidirá en los regadíos tanto la Ley del Agua como el nuevo modelo de gestión?
—Tenemos que poner en marcha medidas que fomenten y garanticen el ahorro del agua y una de las principales actuaciones será la modernización de los regadíos. El ajuste de dotaciones a las superficies regables posibilitará un ahorro efectivo de agua, por ello, queremos conseguir que todos los regadíos andaluces estén aplicando técnicas de modernización de riegos antes del año 2015. En este sentido, reforzaremos los programas de investigación y desarrollo, además de la formación y el apoyo técnico a los regantes para mejorar la eficiencia en el riego y permitir una reducción sustancial de las dotaciones actuales sin mermar su rentabilidad económica. Por otra parte, se establecerá también el horizonte 2015 para la generalización de la facturación por consumo a todos los concesionarios de agua, penalizando los consumos abusivos. Así, potenciaremos la creación del Banco Público del Agua, un organismo que servirá de herramienta para disponer de agua para atender a demandas prioritarias, en especial la medioambiental y en periodos de sequía y que operará bajo estrictos criterios de control público.
—Ha reiterado en varias ocasiones que la protección del medio ambiente no se verá mermada por proyectos empresariales. ¿Qué nos puede avanzar de proyectos como el oleoducto del Grupo Gallardo o la demolición del hotel El Algarrobico?
—El desarrollo sostenible es una de nuestras líneas estratégicas. Este modelo de crecimiento es viable y necesario, porque nos permite avanzar y progresar garantizando la conservación de nuestro patrimonio natural. Sobre el proyecto de la refinería del grupo Gallardo y el oleoducto, desde la Consejería hemos presentado las alegaciones que hemos considerado pertinentes ante el Gobierno central, que es el competente en esta materia y quien tendrá la última palabra sobre la viabilidad del proyecto. Sobre el Algarrobico, prever una fecha para la demolición de este hotel creo es una mera especulación, si tenemos en cuenta la complejidad jurídica en la que está inmerso este proyecto, aunque es nuestra última y firme pretensión, así como proceder a la restauración de la zona. Y recurriremos el auto que suspende el nuevo PORN porque los propios tribunales nos han dado la razón en otros procesos abiertos sobre este contencioso.
—¿Qué papel ocupará la lucha contra el cambio climático?
—Un papel estelar y prioritario, ya que la lucha contra este problema global está en la primera línea de nuestra gestión para los próximos años. De hecho, en esta nueva etapa hemos creado una secretaría general y una dirección general de cambio climático en nuestra estructura destinadas específicamente a impulsar las políticas y medidas para combatir las causas y efectos de este fenómeno, como la Estrategia Andaluza de Cambio Climático o el Plan Andaluz de Acción por el Clima.
—En 2009 se celebra el 20 aniversario de la Ley que protege los espacios naturales. ¿Qué supone esta efemérides?
—Para nosotros es un hito importantísimo, ya que después de dos décadas de la aprobación de esta norma hecha por el Parlamento de Andalucía sus efectos positivos son más que evidentes, sobre todo a través de instrumentos vitales como los planes de desarrollo sostenible. En esa línea vamos a seguir trabajando en los próximos años, sin reducir un ápice el nivel de protección, eso sí, agilizando y racionalizando la carga burocrática para nuestros ciudadanos y nuestras empresas.
