La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que acuerde la "suspensión provisional de empleo" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras le investiga por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación minoritaria de la carrera fiscal solicita al alto tribunal que suspenda a su vez de forma provisional a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por presunta revelación de secretos.
La APIF, representada por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, incide en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) contempla que la exigencia de responsabilidad civil y penal a los fiscales se rija por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la "suspensión de los jueces y magistrados "cuando se hubiera declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones".
En este sentido, la asociación subraya que el Supremo ya acordó "proceder contra" García Ortiz y Rodríguez por la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso. Por ello, entiende que corresponde suspenderles de forma provisional no solo de sus cargos sino también de su oficio de fiscales.
"Si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo --por eso también hemos solicitado que se aparte a Dña. María Pilar Rodríguez Fernández--, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria", apunta la APIF.
RECUERDA QUE ES EL SUPERIOR DE LA FISCAL DEL CASO
Al hilo, defiende que si García Ortiz continuara siendo el jefe del Ministerio Público durante el transcurso del procedimiento, "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes".
Para la asociación, "evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable", dado que la fiscal a cargo de la causa --la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde-- "actuaría al servicio del propio investigado/acusado".
"Precisamente para evitar esta situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado", añade.
La APIF sostiene que el Supremo es competente para adoptar esta medida, porque --a su juicio-- "resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse, pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario investigado".
Cabe recordar que Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, planteó la misma petición al Supremo hace unos días y el juez Ángel Hurtado contestó que responderá a las medidas cautelares solicitadas.
La APIF se suma después de que el instructor autorizara la entrada y registro por parte de la Guardia Civil al despacho de García Ortiz para buscar la información contenida en "dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos". Los agentes estuvieron más de 10 horas en la sede de la Fiscalía General.
