La empresa concesionaria del servicio de aguas de San Fernando, Aquagest-Sur, prevé que en el año 2012 la compra de agua en la ciudad se eleve a 7.102.968 metros cúbicos, aunque prevé el mismo consumo que en 2010, que fue de 5.911.821, o sea, 1.191.147 metros cúbicos más.

¿Por qué? Muy fácil. Prevé repercutir sobre el consumidor unas pérdidas supuestas que no se han producido en el año 2010 y que ahora, gracias a los cálculos ficticios en los que basa la petición de subida del 19,17 por ciento sobre el precio actual, sí se van a producir. Al menos, según Aquagest.

La realidad es que esa diferencia sobre la compra del año 2010 y la que va a hacer en 2012 tiene como objetivo justificar la pérdida de un 20 por ciento del agua por las deficiencias de las redes. Unas pérdidas que en el año 2010 sólo fueron del 3,8 por ciento según los datos de la propia empresa.

¿Tanto se van a deteriorar la red de agua entre 2010 y 2012 cuando la empresa, en sus balances de costes, dice que se gasta anualmente más de 300.000 euros en mantenimiento de la red? Al parecer, sí se va a deteriorar, aunque para ello hay que poner en duda el gasto en mantemiento porque las dos cosas a la vez, no cuadran. O no cuadra el gasto de compra de agua en los años precedentes y en los futuros.

Resulta, cuanto menos curioso, comparar los números que la propia empresa maneja sobre el número de metros cúbicos de agua que ha comprado al Consorcio de la Zona Gaditana el año pasado y el número de metros cúbicos que vendió a los consumidores en ese mismo año y que les sirven ahora para hacer la proyección de cara al 2012 y a la subida que pretende en el precio del agua.

Según esos datos, a los que ha tenido acceso este periódico, Aquagest compró 5.911.812 metros cúbicos de agua y vendió, según su propia cuenta de resultados, 5.099.901 metros cúbicos de agua. Estos datos sí los tiene en su poder este periódico pero no así el consumo del Ayuntamiento porque ese consumo no se factura por la empresa.

No obstante, Aquagest, en su previsión para 2012, establece en 582.473 metros cúbicos consumidos por Ayuntamiento de San Fernando. Pues bien, si aplicamos esa misma cantidad a los datos del 2010, tendremos los 5.099.901 metros cúbicos vendidos, más los 582.473 del Ayuntamiento. Eso nos daría una diferencia entre lo comprado y lo consumido de 229.447 metros cúbicos de agua que serían las pérdidas del año pasado. Esto es un 3,8 por ciento en la red más deficiente en toda la Zona Gaditana.

El dato podría pasar desapercibido analizado desde los resultados de 2010 exclusivamente, pero no cuando se comparan con los contemplados en la propuesta de subida por la aplicación de la Ley del Agua y dentro de las proyecciones más o menos aventuradas en los que basa la petición al Consistorio.

En el documento entregado al Ayuntamiento en el mes de septiembre de este año -lo de la fecha de la portada se puede reconocer que fue un error si se contrasta con el informe del interventor que no lo desmiente, pero lo aclara al referirse a él con tal fecha- , la previsión de compra de agua al Consorcio de la Zona Gaditana es de 7.102.968 metros cúbicos, una cantidad que la empresa obtiene sumando los 5.099.901 metros cúbicos vendidos en 2010, más los 582.473 metros cúbicos que consume el Ayuntamiento. O sea, que este periódico está siguiendo los mismos patrones de estimación que la empresa Aquagest.

La diferencia está en las pérdidas por las deficiencias en la red, ya que Aquagest, que en 2010 sólo perdió, presumiblemente, 229.447 metros cúbicos de agua (el 3,8 por ciento), en 2012 se aventura a decir que perderá 1.420.594 metros cúbicos. O sea, el 20 por ciento, máximo que se reconoce como pérdidas medias en la red.

La pregunta no es por qué se añade al estudio estimativo para solicitar la subida del agua un 20 por ciento de pérdidas, sino el porqué de la escasa diferencia entre el agua que la empresa compró en el año 2010 y la que vendió -lo que también se está produciendo en 2011, aunque falta un trimestre por cuantificar- porque si reconoce que las pérdidas serán el año que viene del 20 por ciento, no cuadra que dos años anteriores esas pérdidas fueran de un 3,8 por ciento según los datos de compra y de venta de agua.

¿De dónde sale el agua de más?
¿Existe en San Fernando acuíferos que estén siendo utilizados por Aquagest para compensar el 16,2 por ciento de pérdidas que no se produjeron en 2010 y se van a producir en 2012? Por que lo que está claro es que con sus propios números, a Aquagest le falta agua en 2010 o le sobra agua en 2012.

Punto y aparte y casi se puede decir que paradójico, resulta la comparación del agua que consume San Fernando con el que consumen las demás poblaciones de la Bahía. Cádiz, con unos 30.000 habitantes más, consume más del doble de agua que San Fernando, mientras que buscando un ejemplo más aproximado, El Puerto de Santa María, con diez mil habitantes menos consumió en el año 2010 prácticamente el doble de metros cúbicos.

Que se sepa y por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ya en el año 2003 se decía que los acuíferos prácticamente habían desaparecido de San Fernando, toda vez que la política del ladrillo y del asfalto había impermeabilizado el suelo y la posibilidad de recuperar las bolsas de agua naturales que siempre hubo en San Fernando. Algo, pues, no cuadra en el resultado final de la compra y la venta de agua al Consorcio de la Zona Gaditana.

Pues bien y en definitiva, esa proyección de gastos futuros la cuantifica Aquagest en 159.816,77 euros, que se suma al supuesto incremento por sobres y los sellos de las cartas a los morosos (3.359,66 euros); supuesto incremento por impagados (26.528,21 euros) y supuesto incremento por consumo municipal, que asciende a 65.528,21 euros. Todo ello con una suma total de 255.189,51 euros que repercutirá en los contribuyentes.

A ello se suma el incremento tarifario por el aumento de las cuotas consorciales, que la empresa Aquagest cifra en 73.690 euros uniendo las cuotas de 2009 a 2011, que será la cantidad que se incorporá a las tarifas en el ejercicio de 2012, concepto que por regla general debe pagar el Ayuntamiento de San Fernando, aunque la ha repercutido a la empresa y la empresa lo hace al consumidor.

Con todos esos conceptos se obtiene el 9,71 por ciento que se pide de aumento, a lo que se suma el incremento porcentual de la Ley del Agua, con un 6,9 por ciento y el incremento porcentual de cuotas del 2,031 por ciento. Por cierto y una curiosidad que no se explicaba la semana pasada.

En el estudio estimativo que envía la empresa al Ayuntamiento se incluye un 1,027 por ciento de gastos generales y beneficio industrial, que la empresa repercute en su cuenta de gastos anuales presentados al Ayuntamiento.

Pero no es de extrañar nada de lo que está ocurriendo, no ya con el destino del agua que sobre o que falte, sino con el aumento del precio del agua, toda vez que el Ayuntamiento sigue dando muestras de una magnificencia con la empresa que acrecienta la fama de lo ventajoso que ha sido siempre hacer negocios con la ciudad de San Fernando.

Patente de corso
El Pleno del Ayuntamiento de concedió a Aquagest una cláusula de revisión del precio del agua que la empresa podía aplicar en el mismo momento en que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir modificara el precio del agua en alta, o lo hiciera cualquier administració o ente público, Consorcio o Mancomunidad con competencias para ello.

Esta patente de corso que pone a la empresa por encima del mismísimo Pleno municipal y que puede explicar parte de las desproporcionadas subidas de hasta el 174 por ciento del precio del agua, obedece a una fórmula leonina: T=100/67(p2-p1)x1,055. T es el incremento lineal sobre el precio del agua por tarifa o bloque; P1, el precio actual del agua y P2 el nuevo precio del agua.

Eso, además de ilegal y abusiva, permite a la empresa subir el agua no sólo cuando cualquiera de esos organismo se la suba a la empresa, sino luego a final de año una vez que se aplique el IPC. Las dos las paga el contribuyente o, lo que es peor, las viene pagando el contribuyente desde que se aprobó esa cláusula, por lo que resulta, como mínimo, abusiva además de un enriquecimiento injusto que no está contemplada en la plica de adjudicación.

El regalo del Ayuntamiento a Aquagest, además, puede vulnerar el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que establece que cualquier modificación de las ordenanzas conlleva el mismo procedimiento de su primera aprobación, cuando de esta forma se modifica de forma automática.

¿Aliada o enemiga?
La externalización de servicios público fue entendida en un principio como una forma de abaratar costes y mejorar la gestión, aun en contra del criterio de los sindicatos. El problema surge cuando las concesionarias no sólo no cumplen con el cometido original sino que además cuentan con la falta de control político para terminar encareciendo el servicio sin que se vea por ningún sitio las mejoras esperadas.

Esto, que puede parecer una opinión es, por contra, una conclusión a la que se llega analizando la trayectoria de la empresa desde 1994 hasta la actualidad y usando para ello las hemerotecas, tanto de este periódico como de otros que durante estos años han estado cubriendo la información de San Fernando.

Cuando se habla de que la empresa llegó a la ciudad con una hoja de ruta de beneficios perfectamente delimitada en pérdidas e iliminatada en ganancias, basta con retroceder en el tiempo y comprobar que, hemoteca en mano, el 30 de septiembre de 1995, a poco menos de un año desde que consiguió la concesión, ya estaba pidiendo una subida de tarifa y, además, la consiguió.

El aumento del precio del agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de 2,14 pesetas el metro cúbico, repercutió en los consumidores de San Fernando, pero no en esas 2,14 pesetas por metro cúbico, sino en 5,53 pesetas.

Eso se hacía en aras del equilibrio financiero y a pesar de que en el contrato se recogía expresamente que no habría subida alguna en los dos primeros años. El Ayuntamiento aprobó la subida mencionada con la condición de que una vez que la empresa recuperara las pérdidas por la subida de la CHG, en ese mismo año (por eso repercutía más del doble), se volvería a revisar el precio. No se tiene constancia de que se revisara a la baja.

Una guerra continua
De la famosa supertarifa de 1996 ya se habló la semana pasada y fue la segunda vez que la empresa pedía muy por encima de lo que se le permitía, lo que motivó, además de la protesta de la oposición, la de las empresas que pujaron por el servicio y quedaron fuera porque Aquagest pujó por menos dinero.

La petición de una subida del 227 por ciento sólo contaba con el apoyo de los andalucistas y con la oposición y todo el movimiento político y vecinal. Tanto que el gobierno del PA tuvo que dar marcha atrás y dejarla aparcada.

En el mes de abril de 1997, Aquagest vuelve a la carga y propone una n ueva subida que oscilaba entre el 9 y el 30 por ciento. El gobierno andalucista no dijo ni que sí ni que no, pero el PSOE sí se mostró frontalmente en contra porque entendía que las pérdidas de la empresa debía sufragarlas la empresa y no los contribuyentes.

Como punto intermedio, se propuso que la tarifa se incrementara de forma paulatina en los tres años siguientes y además se comenzaba a hablar de los bloques de facturación más pequeños que los actuales para que el precio fuera más proporcionado al agua consumida.

Conflicto laboral
Para más inri, en esta ocasión las exigencias de subida del precio del agua iban acompañadas de la amenaza de un expediente de regulación de empleo, aunque sólo a través del “temor” de los trabajadores.

También en esta ocasión se encontró el gobierno andalucista con el rechazo de la oposición y el movimiento ciudadano, entre otras cosas porque pretendía aprobarla desde la Comisión de Gobierno, lo que Izquierda Unida calificó de “ilegal” por no pasar por el máximo órgano de la Corporación.

La oposición, incluso, quería recuperar el servicio si la empresa no cumplía con las condiciones de la plica, al considerar que la concesión había resultado “un fraude”, según IU, que también acusó a la empresa de desviar 50 millones de pesetas del coste de personal.

Los andalucistas, en junio de 1997 y a pesar de contar con la oposición de su socio de gobierno, el PSOE, querían incluso realizar una auditoría a Aquagest para justificar las subidas, aunque esa postura cambio algunos meses más tarde y en septiembre de 1997 era todo el Ayuntamiento el que arremetía contra la empresa que todavía no había pagado el canon de 200 millones de pesetas por la concesión.

El PP decía que al PA “se le está viniendo encima la privatización del agua” y los demás grupos veían la negativa de Aquagest a pagar el canon como una “venganza” por no haber accedido a la subida del agua. Finalmente, la empresa pagó los 200 millones pero se ahorró el dinero de la individualización de los contadores (200 millones) y como el que la sigue la consigue, consiguió una subida en 2000 del 7,47 por ciento por no haberla subido en 1999.

Los tribunales demostraron que sus pretensiones eran exageradas
Además de las subidas que reclama ahora la empresa de un 19,71 por ciento, entre las subidas ordinarias de 2010 y 2011 que no se hicieron y las extraordinarias como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, Aquagest consiguió una victoria pírrica ante el Ayuntamiento, al que llevó ante los tribunales para reclamarle unos tres millones de euros de desequilibrio financiero.

Aducía esta vez la disminución del consumo de agua ante la marcha de militares, en lo que estuvo de acuerdo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque con una cantidad de 461.147 euros. Esto es, una sexta parte de lo que exigía la empresa.

También intentaba justificar la merma de ingresos de la empresa en una disminución de la actividad industrial, motivada por el cierre de la Fábrica de San Carlos, ya que el agua de Navantia y de la Carraca no la suministra Aquagest y en esos años también estaba siendo azotada por la crisis la primera de ellas. La segunda hace años que lo está.
 
De esta forma conseguía la victoria en los tribunales por lo que venía reclamando desde el año 2000 y le fue denegado. Una victoria que teniendo en cuenta lo pedido y lo concedido, deja a las claras que la empresa exageraba el desequilibrio financiero.