Hace ya algo más de dos años que escuchamos decir a la anterior concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra y al alcalde, Enrique Moresco, que exigiéramos a la Junta de Andalucía que se apresurara a realizar el decreto que el pasado día 10 por fin vio la luz. Decreto que, además, debo subrayar dará solución a una inmensa mayoría de las construcciones que en estos momentos riegan nuestra geografía en Andalucía.

Ya en el mes de junio del pasado 2011, el actual concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, se comprometió a reunirse con los colectivos interesados en este decreto, principalmente representantes de los diseminados de la ciudad así como con el resto de formaciones políticas para poder hacer aportaciones al borrador del citado documento, una vez analizado éste para poder aportar las alternativas legales a lo que pudiese quedar fuera de nuestro PGOU.

PGOU que, por cierto, tanto ha costado a los ciudadanos económicamente y en tiempo, y que por fin ya tiene la administración autonómica con los dichosos informes que faltaban o que no se enviaron para alargar un poco más el proceso o por lo que fuera, ya que hoy por hoy no creo que haya casualidades.

Pero volviendo a la promesa de junio de 2011, supongo que el señor Muñoz, desde entonces hasta ahora habrá tenido ocupaciones ineludibles mucho más importantes. Pues ya tenemos el decreto aprobado, y el Gobierno de PP y PA no nos ha dado a los colectivos interesados la oportunidad de hacer aportación alguna al borrador. Aportaciones que habrían sido consensuadas entre todos para beneficio de la ciudad, porque hay que tener claro que se podrán haber buscado, previamente a la aprobación de decreto, esas posibles soluciones que nos ofrecen los recovecos legales. Pero a las que hemos tenido que renunciar por la apretadísima agenda del señor concejal, quien, siguiendo la línea de su jefe de filas, ha dado un zarpazo a la participación ciudadana en un asunto tan importante para muchas familias que viven de forma precaria.

Considero que se ha dejado pasar una gran oportunidad, porque esas reivindicaciones consensuadas con los vecinos hubiesen sido una carta de presentación inmejorable para El Puerto en el Parlamento, donde además el Partido Popular, su partido, cuenta con una importante representación. Pero para el señor Muñoz fue imposible, y más bien parece que esté a media jornada, sobre todo con la cantidad de peticiones pendientes que, según su coordinador, tiene en su agenda. Tanto es así que no le es posible reunirse para escuchar algunos de los problemas y peticiones de los ciudadanos que quieren participar en las cuestiones que les directamente les afectan.

Sólo espero que no actúe por directrices partidistas e ideas predispuestas y que piense en esos ciudadanos que le votaron, y en los que no. Personas que han perdido toda la confianza en la clase política. Por eso le aconsejo que mire más por la ciudadanía, sus viviendas, sus empleos, su bienestar y que no se deje influir sin escuchar a todas las partes.

Lo fácil ahora es hacer lo que ha hecho su compañero y socio de Gobierno, Antonio Jesús Ruz Aguilar, quien, a toro pasado y para no perder parcela de poder, y a pesar de su poca representatividad, se permite descalificar este decreto, cuando supone una importante posibilidad de regularización para muchas viviendas. Pero el señor Ruiz se ha dedicado a poner ejemplos de una minoría que no podrá ser regularizada y ha obviado, a sabiendas, el beneficio que obtiene una gran mayoría, cuando de lo que tendría que estar ya preocupado es de buscar la salida a aquellos ciudadanos a los que va a ser imposible reconocerles sus casas.