En el Gobierno y en el PSOE están de los nervios por el plante de los jueces. Dicen que los problemas de la Justicia no son nuevos y que sin embargo es ahora cuando los jueces han decidido agitar las togas, y se duelen por ello...
En el Gobierno y en el PSOE están de los nervios por el plante de los jueces. Dicen que los problemas de la Justicia no son nuevos y que sin embargo es ahora cuando los jueces han decidido agitar las togas, y se duelen por ello. Por lo pronto, desde el Ministerio de Justicia se ha anunciado que recibirán a los representantes de las asociaciones judiciales para tratar de sus revindicaciones., al tiempo que desde el Parlamento el Grupo Socialista ha hecho más o menos lo mismo, citar a las asociaciones de jueces para escucharles y, según palabras de Ramón Jaúregui, “para que ellos también nos escuchen a nosotros”.
El PSOE quiere llevar a los jueces a su terreno, o sea al Parlamento, donde se sienten fuertes para echarles la bronca, una bronca que tendrá luz, taquígrafos y cámaras de televisión. Lo cierto es que a los jueces no les gusta la indisimulada tendencia de este Gobierno a regañarles y a decirles lo que deben o no deben de hacer,y además a eso se añade la realidad de la Administración de Justicia que es verdad que está bajo mínimos. Eso sí, el Gobierno lo tiene claro, va a pasar factura a los jueces por esta rebelión de togas, y se preparan para modificar el Consejo General del Poder Judicial, al que quieren castigar por no haber castigado al juez Tirado con tres años de suspensión, tal y como desde el Gobierno se había anunciado a bombo y platillo.
Claro que el quid de la cuestión es que ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP, ha invertido en mejorar la Justicia. Hacen falta jueces, hacen falta fiscales, funcionarios judiciales, instalaciones dignas y sueldos acordes con su responsabilidad. Y hace falta organizar mejor la Administración de Justicia, porque lo que es un disparate es que los jueces dependan de la Administración central, los funcionarios judiciales de las comunidades autónomas, o que cada comunidad tenga su propio sistema informático, lo que supone que los juzgados de España no están conectados entre sí, y si se dictan medidas cautelares, pongamos contra una persona, si esa persona cambia de comunidad, se puede pasear tan tranquilo, porque los juzgados no están conectados entre sí.
Tienen razón los jueces en decir que están hartos y sus revindicaciones deberían de tenerse en cuenta porque lo que plantean es de sentido común. Sin embargo, la reacción del gobierno de Zapatero es de enfado y de avisar con poca sutileza a los jueces de que por esta rebelión se van a enterar de con quién se la están jugando. Y es que nuestro presidente pone cruz y raya a quien le lleva la contraria.
Los jueces han anunciado un paro para el 26 de junio y eso es muestra de que quieren negociar, de que están diciendo al Gobierno que lo que pretenden es llegar a un acuerdo, que el anuncio del paro es a lo único a lo que se han podido aferrar habida cuenta que hasta el momento no les han hecho ni caso. De manera que la pelota está en el tejado del Gobierno, es el Ministerio de Justicia y su titular Mariano Bermejo quien tiene en sus manos dar una respuesta a las revindicaciones de los jueces, revindicaciones que, ya digo, son elementales y muchas de ellas van encaminadas a poder ofrecer una mejor administración de Justicia.