La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este miércoles a la petición de intervención judicial de Bankia solicitada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el colectivo 15-M al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de la instrucción sobre las presuntas irregularidades cometidas por el antiguo consejo de administración del banco.
Según fuentes personadas en la causa, el Ministerio Público ha advertido que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. Ha defendido, además, que ninguno de los dos querellantes goza de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
En la comparecencia, celebrada para examinar la solicitud de los dos querellantes, el juez ha escuchado la declaración de un único representante de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002.
Durante la vista, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, el representante ha defendido la legalidad de la gestión del banco y ha explicado que los cambios en las cuentas de la entidad --que los querellantes interpretan como una manipulación-- se debieron principalmente a que sus gestores tuvieron que amoldarse a hasta 12 cambios en la regulación bancaria realizadas por el Gobierno en el último año.
El representante de Bankia, que ha defendido la gestión del consejo de administración imputado, y ha agregado que las modificaciones en las cuentas no respondieron a "un cambio de criterio contable sino a una modificación de la estimación". "No existe percepción de error en la fusión" que creó la entidad, ha añadido.
UN PLAN DE SANEAMIENTO
Además, el miembro del servicio jurídico de la entidad ha desvelado que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, ya tenía preparado un plan de saneamiento alternativo cuando presentó un resultado de 300 millones de beneficio, en el ejercicio en 2011. Fuentes jurídicas han avanzado que el juez Andreu tomará su decisión en los próximos días.
El juez ha escuchado los argumentos de ambos y las alegaciones del resto de partes personadas en la causa, es decir, los representantes legales de aquellos acusados ya personados en la instrucción.
El Ministerio Público, primero en intervenir a través del fiscal Alejandro Luzón, ha coincidido en su oposición a la intervención con la postura defendida por los abogados de los 33 imputados, que también han rechazado la medida propuesta por UPyD y el 15-M.
Así, Anticorrupción ha indicado en la comparecencia que UPyD, como acusación popular, no tiene legitimidad para solicitar medidas de tipo civil, sino únicamente penal. Tampoco el colectivo 15-M --que representa a una decena de accionistas y está personado como acusación particular-- puede hacerlo, dice el fiscal, ya que la solicitud de intervención está sólo prevista para los trabajadores o acreedores de la entidad que quieran reclamarla y no para los propietarios de acciones.
MEDIDA LETAL
En la misma línea que Fiscalía y su advertencia de "temeridad" el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha advertido de la inconveniencia de intervenir judicialmente el banco y ha asegurado que esto sería "letal" y una clara muestra de "desconfianza" hacia el propio Fondo y, por tanto, el Estado.
Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.
También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.
El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.
Bankia vende una cartera de créditos fallidos de 800 millones
El grupo BFA-Bankia ha vendido una "importante" cartera de créditos fallidos de pymes y particulares sin garantía real, cuyo importe total asciende a 800 millones de euros, ha informado la entidad en un comunicado.
En concreto, la cartera cuenta con aproximadamente 127.000 créditos, con una antigüedad media de cinco años. En torno al 80% de los mismos proceden de clientes particulares.
La enajenación de esta cartera, desarrollada en la denominada 'Operación Hispania', responde a los planes de Bankia de desinvertir en activos no estratégicos.
Así pues, la entidad nacionalizada traspasará los citados préstamos a dos fondos de inversión: el noruego Aktiv Kapital y el luxemburgués Oko Investments. La operación se estructuró en una subcartera de créditos de consumo de particulares, que ha comprado Aktiv Kapital, y otra de los procedentes de pymes, adquirida por Oko Investments.
Según indicó Bankia, esta desinversión tendrá un impacto positivo en la cuenta de resultados del banco, al asegurar que los préstamos están totalmente dotados.
El proceso de subasta competitiva se inició el pasado mes de marzo, en el que participaron los principales fondos de inversión y entidades financieras internacionales especializados en este tipo de actividad.
"La operación ha culminado en un plazo de tiempo muy ajustado, pese a la situación adversa y las circunstancias especiales a las que está sometido el mercado", se congratuló la entidad.
Esta operación se enmarca dentro de la estrategia del banco de reducir los activos improductivos a la mitad, hasta situarlos en 30.000 millones de euros, durante los próximos tres años.
