La Guardia Civil decidió ayer intervenir, por fin, para poner freno a las acampadas ilegales que proliferan a la entrada de la capital gaditana desde el comienzo de los carnavales. El mismo día en que los colectivos ecologistas denunciaban en este periódico el impacto que esta práctica supone para el entorno, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaban un operativo para expulsar de la laguna de La Gallega y de la playa de Santibáñez a quienes permanecían allí irregularmente. 

Según informaron fuentes de la Benemérita, esta actuación se saldó con el desalojo de las personas que entonces se hallaban en el lugar, tanto en autocaravanas como en tiendas de campaña, y con la interposición de 42 denuncias por infracción a la normativa de costas. 

Desde la Guardia Civil explicaron que con esta acción han pretendido “aminorar” el perjuicio que estas concentraciones pueden causar en el medio ambiente. Concretamente, en la zona de dominio público marítimo terrestre, prestando “especial atención” a la preservación de los cordones dunares que existen a lo largo del istmo de Cádiz. 

En este sentido, el Seprona recordó que las acampadas fuera de las áreas establecidas, además de la ocupación ilegal que realizan de un dominio que por Ley es público, “deterioran dichos espacios por la acumulación de basuras, utilización de fuego con riesgo de incendios y vertidos incontrolados”. Y que tales actividades, al igual que la circulación de vehículos en las playas, están prohibidas en todo el litoral español. 

Eso sí, la Benemérita no aclaró en ningún momento por qué ha tardado hasta seis días en aplicar la legislación vigente, teniendo en cuenta que las autocaravanas se arremolinaban en el citado enclave desde el pasado viernes. 


SÓLO EN LA VÍA DE SERVICIO
Por otro lado, cabe señalar que esta situación se ha visto favorecida después de que la Policía Nacional y la Local vetaran el acceso a la ciudad a este tipo de transportes, conminando a sus propietarios a trasladarse hasta la vía Augusta Julia (Cortadura), donde no hay servicios básicos de agua, luz ni de desagüe para atender sus necesidades. De ahí el malestar de estos turistas ante una medida, acordada por la Junta Local de Seguridad, que consideran discriminatoria. 

Aun así, la mayoría de los usuarios acató la imposición. Pero otros muchos terminaron ubicando sus autocaravanas entre las dunas de Santibáñez y La Gallega, siendo a estos últimos a quienes se ha sancionado. Con todo, el Seprona todavía no ha dado por cerrado este operativo. De hecho, prevé la llegada de nuevos campistas con “el mismo fin” en las próximas horas, ante la falta de lugares habilitados para este cometido en el término municipal de Cádiz.