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Costa Occidental

Reunión en Lepe para abordar la situación de los temporeros búlgaros de Cartaya

Al parecer, el Gobierno central y la Junta de Andalucía, gestionarán la repatriación de los temporeros

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El Ayuntamiento de Lepe acogió este viernes una reunión para abordar la situación de los 120 temporeros de nacionalidad búlgara en su mayoría, que se encuentran en una finca de Cartaya desamparados tras los problemas que han tenido con el empresario con el que trabajaban.

A este encuentro, además de responsables del Consistorio lepero, han asistido el empresario en cuestión, el consejero laboral de la Embajada de Bulgaria, Raymond Saparev, y el secretario general de Fitag-UGT en Huelva, Luciano Gómez.

Saparev ha indicado a Europa Press que "están intentando encontrar la mejor solución para todos" ante la problemática ante la que se enfrenta este colectivo de trabajadores.

Por su parte, Gómez hizo hincapié en la importancia de que las administraciones asuman algún tipo de responsabilidad ante "la situación de emergencia social" en la que se encuentran estas personas, al tiempo que ha recordado que el empresario "está dispuesto a poner encima de la mesa el valor de su empresa".

Por todo ello, apeló a que "entre todos se intente buscar una solución" para estos empleados que además, se encuentran en una situación "de especial desprotección al no ser de aquí".

Por otra parte, según informó EFE, el Gobierno central y la Junta de Andalucía gestionarán la repatriación de los 120 temporeros búlgaros. Así se desprende de esta misma reunión, según EFE.
El empresario que contrató a los inmigrantes búlgaros, A.R.M., explicó que ahora es posible alcanzar un acuerdo para implicar a las administraciones central y regional "y a todo lo que ellos aporten, se unirá lo que aportará la empresa", de modo que habrá un adelanto económico y se mantiene la idea de firmar ante notario un reconocimiento de deuda para que los trabajadores cobren en cuanto sea posible.

La deuda con estos trabajadores alcanza los 225.000 euros y supone el impago de los salarios desde febrero a mayo por su labor en la recogida de la fresa.

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