El Ayuntamiento de Cádiz da un plazo de tres meses al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), dependiente del Ministerio de Vivienda, para que ejecute las obras necesarias en las fincas Ángel 1 y Duque de Nájera 4.
Este requerimiento se realiza después de desestimar dos escritos del ente estatal en el que informaban al Ayuntamiento de Cádiz de que iban a iniciar el expediente de Inspección Técnica de Edificio (ITE) después de que una sentencia judicial ratificara la decisión municipal de no aceptar el estado de ruina de las fincas.
Según explicó la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, los distintos informes elaborados por el Invifas para justificar, supuestamente, el estado de ruina del edificio son suficientes para determinar las carencias del inmueble, por lo que desde Urbanismo se considera innecesario inspeccionar nuevamente el inmueble. La urgencia de centra actualmente en intervenir para garantizar la seguridad de las familias inquilinas.
Por ello, el equipo de Gobierno exige con “carácter de urgencia” que se ejecuten las medidas provisionales de seguridad (apeos, apuntalamientos, desmonte de elementos con peligro de caída) que sean necesarias para garantizar la estabilidad de las estructuras y eviten los riesgos para las personas”. Estos trabajos no se ajustan al plazo dado y se requiere inmediatez.
En segundo lugar, requieren la ejecución de obras tanto en los elementos comunes como en el interior de las viviendas de acuerdo con el propio informe del Invifas, redactado por los arquitectos José María Cano y Enrique de Benito.
De no cumplir con este nuevo requerimiento --el tema se remonta a 2002--, la regidora local advirtió que iniciarán un expediente expropiatorio, apuntando además que no se le pagará nada al Invifas, dado que las viviendas están ocupadas y tienen sus propios inquilinos.
Teófila Martínez consideró “chocante” que “tengamos más problemas con las instituciones públicas que con los privados cuando éstas tienen sus responsabilidades” sobre los edificios de su propiedad.