Las antenas revisadas no rebasan el límite señalado

Las jornadas sobre telefonía móvil que se celebraron ayer en el Auditorio Municipal arrojaron luz acerca de los límites en los que se encuentran las antenas que se pidió al técnico de la Oficina de Aseoramiento de Telecomunicaciones para las Administraciones Locales que se revisaran en la mañana de ayer. 

Dicho técnico, Jesús Maya, admitió que el límite señalado por el Gobierno central, que es el órgano que tiene potestad sobre el dominio público de instalación de las antenas, es de 41,25 voltios por metro. Así, señaló una a una las que se han solicitado, indicando que la de Valdelagrana (avenida Catalina Santos La Guachi), llega a 1,32 voltios por metro; las dos de la Sierra de San Cristóbal a 2,93 y 2,58; la de la avenida de Diputación a 0,49; la de la avenida de Sanlúcar, frente al colegio Cristóbal Colón a 0,85; la del área de servicio de Fuentebravía a 0,54, y la de 
La Angelita Alta, donde hay cuatro torres, a 0,79. Todas entran dentro de la consideración máxima, a pesar de que entre la ciudadanía lo importante sería que las mediciones se realizaran a lo largo de distintas franjas horarias, para ver su efecto. 

El técnico encargado se ofreció, ante la pregunta de algunas personas del público, a que se le pase el listado completo con el que cuenta la plataforma contra la instalación de antenas de telefonía móvil, que oscila entre 45 y 50 elementos, para revisar una a una todas las existentes, ya que insistieron en por qué no se habían medido las de varios restaurantes instalados en el Camino Viejo de Rota o en la barriada de Las Nieves. 

Además, explicó que las emisiones ionizantes de un teléfono móvil se pueden equiparar a las de otros tantos aparatos electrónicos existentes en los hogares como un ordenador, siendo el efecto del móvil en la persona “térmico”. Quiso constatar que “a la pregunta de por qué no se instalan fuera de la ciudad, baste un ejemplo, y es como decir que vamos a poner un farol de grandes dimensiones fuera de la ciudad o farolas de menor potencia repartidas por el núcleo”, igualando el ejemplo a la telefonía móvil, es decir, es más lógico repartir antenas por la localidad, siempre de menor potencia, (porque además es la conducta que está siguiendo ahora el mercado). 

El coordinador del área de Urbanismo, José Galán, informó, como así lo recalcara después el representante de la asesoría jurídica de la concejalía, Gonzalo Fernández, que la potestad del dominio público no reca en el Consistorio, por lo tanto sus actuaciones son limitadas, así como que “el PGOU actual impide no dar licencia. En algunos casos hemos pretendido retrasar este hecho hasta que no tengamos ordenanza, en la que estamos trabajando,y hemos obligado a retirar antenas y hemos sancionado, pero hasta el momento no tenemos herramientas”. Indicó que el borrador que se presentó ayer a los asistentes (unos cuarenta aproximadamente), está dividido en tres partes esenciales. Por un lado, la que estudia las condiciones urbanísticas de ubicación y la reducción del impacto medio ambiental de las mismas (únicas funciones que puede llevar a cabo el Ayuntamiento), con el fin de evitar que se invisibilicen y de que se cumplan los requisitos que se exigirán en la misma ordenanza; por otro lado, la regulación de las licencias teniendo en cuenta las leyes existentes en cada momento, y por último, el apartado sancionador y de aspectos legales. 

José Rodríguez, presidente de la Flave, que forma parte de la plataforma social creada al respecto, asegura ser crítico con dichas jornadas, puesto que “falta la pata sanitaria”, importante si se entra a valorar el pánico generalizado existente entre la población. “Lo más grave es el dinero que dan las operadoras a las comunidades de vecinos, ya que las leyes lo dejan todo en sus manos, y la ocultación que se hace”. Y es que, como bien señaló José Miguel Gómez, abogado de la plataforma, “si se ocultan es porque las ondas electromagnéticas son perjudiciales”. Rodríguez señala que, aunque no esté probado, es cierto que hay patologías que aumentan en zonas donde existen antenas. La conclusión a su entender es que “estamos desamparados”. Gómez en cambio asegura que “las mediciones se realizan sobre personas con una salud media, pero cabría preguntarse qué efecto tienen las antenas en personas con una patología o una salud más precaria y en los primeros años de vida”, cuando los niños pueden llegar a ser más sensibles a los efectos de estos elementos.