El gerente del centro integral de tratamiento de residuos, Tadeo Martínez, aseguró que la concesionaria del servicio, la UTE Sufi-Verinsur, es “consciente” del problema que se puede generar en El Puerto si no se continúa ofreciendo este servicio, de ahí que una vez anunciado el compromiso del pago se decidió reabrir las puertas de la planta para que los camiones vaciasen las basuras acumuladas en la sede de FCC, en el polígono Las Salinas.
Según ha podido conocer Información, el Ayuntamiento tiene facturas pendientes con la planta desde 2007, a partir de la entrada del PP en la Alcaldía. El coste del servicio asciende a en torno un millón de euros por año. Sin embargo, la decisión de impedir la entrada de camiones desde el viernes no es por esta causa, sino porque el Ayuntamiento tendría que haber abonado el 10 de febrero la mensualidad del servicio correspondiente a noviembre de 2008, y el 10 de marzo la de diciembre del año pasado, ya que los pagos se hacen a noventa días. Ninguna de estas facturas fueron ingresadas, de ahí que la UTE optase por el ultimátum.
Sin embargo, el concejal de Hacienda David Páez ciñe el conflicto a los últimos tres meses de este 2009 y niega que exista un plan de pagos en el que se incluiría no sólo el abono de los retrasos sino también las mensualidades. El concejal dice que sólo hay un convenio de colaboración con el centro y recriminó a la empresa que no se hubiese puesto en contacto con su delegación para comunicarle el problema. Sin embargo, los residuos urbanos es competencia del área de Medio Ambiente cuya titular, Beatriz Fuentes, había sido advertida por la concesionaria de Las Calandrias de que se estaban acumulando retrasos y se le dio una semana de plazo para hallar una solución.
Páez asegura que el Ayuntamiento ha cumplido “escrupulosamente” con los pagos y no entiende la postura que adoptó la empresa de impedir la entrada de los camiones. Además, instó a la UTE a que haga pública la deuda que mantienen con ella el resto de ayuntamientos de la zona que vierten sus residuos en la planta, “ya que resulta curioso que la empresa tan sólo denuncie impagos por parte del Ayuntamiento de El Puerto y no lo haga con otros municipios gobernados por otros partidos políticos”, en referencia a Jerez y Arcos. A este último municipio también se le cerró las puertas hasta el abono de sus deudas y las tarifas las impone Aguas de Jerez, ya que Las Calandrias es una concesión administrativa.
Páez teme que exista una “mano negra” que está dificultando las relaciones entre el Ayuntamiento y Las Calandrias y se pregunta por qué surge ahora el problema “con este equipo de Gobierno” y no lo haya hecho antes, dejando entrever que la presencia en Verinsur de militantes de IP haya pesado en esta decisión.
