El Gobierno descarta que la liberalización del precio de las bombonas de butano de menos de 9 kilos en vacío vaya a conllevar un "aumento significativo" de precios para los consumidores, y tampoco supondrá un impacto adicional para los operadores al por mayor.
Así se recoge en la memoria de impacto normativo que acompaña al decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, donde se decide liberalizar el precio de las bombonas ligeras de butano, que son aquellas de entre 8 y 20 kilos que en vacío pesan menos de 9 kilogramos, mientras se mantiene el precio regulado para las de más de 9 kilos y se introduce la obligación de reparto a domicilio por parte de una serie de operadores.
En este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo defiende su decisión de liberalizar el sector del butano para poder alcanzar las "condiciones de concurrencia y competencia del mercado" exigibles, que "se han mantenido prácticamente constantes en los últimos años", teniendo el 75% del mercado peninsular Repsol Butano y hasta el 100% en algunas provincias.
No obstante, también se reconoce que es "necesario proteger a los consumidores más desprotegidos y vulnerables mediante la creación de un bono social", de difícil aplicación al no conocerse el consumo real de cada ciudadano, por lo que "se considera adecuado no liberalizar en este momento el precio de venta de los gases licuados del petróleo envasado, sino ir avanzando gradualmente hacia dicha liberalización".
EMPRESAS OBLIGADAS A LA DISTRIBUCIÓN
Por eso, se ha fijado que los operadores obligados a repartir de forma domiciliaria la bombona serán Repsol Butano en la Península y Baleares, Atlas en Ceuta y Melilla, y Disa en Canarias. No obstante, el Gobierno revisará estas condiciones cada cinco años.
"La actualización de la obligación de suministro a domicilio no supondrá ningún impacto adicional para los operadores al por mayor, ya que son mayoritarios en dichos territorios y ya están actualmente realizando el suministro a domicilio a precio regulado", afirma el Gobierno, que exime al resto de operadores de esta obligación.
Igualmente, liberalizar el precio de la bombona más ligera --la inferior a 9 kilos-- tiene ventajas medioambientales, de prevención re riesgos laborales y de seguridad, a la vez que mejora el servicio prestado al cliente, que no tendrá que pagar "previsiblemente" más por esta fuente de energía.
La regulación eliminará además los contratos en exclusiva entre operadores y distribuidores, de modo que en un mismo camión de reparto podrán viajar bombonas de diferentes marcas.
