El vicepresidente del Congreso de los Diputados y presidente del PSOE de Huelva, Javier Barrero, ha alertado sobre que el número de parados sin prestación en la provincia ha crecido un 11,7 por ciento desde que gobierna el PP, situándose ya en 14.399, "una cifra realmente alarmante que deja patente el abandono total del Gobierno central a miles de onubenses que se encuentran en grave riesgo de exclusión social".
En una nota, Barrero ha considerado que estas cifras "son un fiel reflejo de la nefasta gestión económica del PP, que en la provincia de Huelva ha tenido como resultado que haya más parados y, paradójicamente, menos prestaciones por desempleo, en definitiva, un auténtico desastre".
En este sentido, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Huelva registraba en octubre de 2011 un total de 58.201 desempleados, de los cuales un 88,8 por ciento recibían prestación. A octubre de 2014, el número de parados onubenses se sitúa en 62.911, de los cuales sólo recibe prestación un 77,1 por ciento.
Según Barrero, hay "cada vez más parados y, cada vez, más desamparados, esto es lo que nos deja Rajoy tres años después en nuestra provincia, ante la impasibilidad de una ministra onubense de Empleo, Fátima Báñez, que no se achanta cuando habla de recuperación económica, mientras su Gobierno lleva a la ruina y a la desesperación a miles de familias onubenses a las que está condenando a vivir en la caridad".
En la misma línea, Barrero ha manifestado que "esa recuperación de la que alardea Rajoy no ha llegado al día a día de los ciudadanos, ni a sus bolsillos, ya que con el PP la cobertura por desempleo se ha desplomado".
Por ello, desde la formación han indicado que "no sólo han denunciado los recortes del Gobierno en cobertura de desempleo, sino que han exigido al PP en todos los ámbitos que no haya ahorro económico en protección por desempleo y que extienda el subsidio por desempleo a los parados de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción".
Para Barrero, "esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico".
