El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha advertido este miércoles de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) necesitaría "un juez más" para poder afrontar la parte del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) relativa a los aforados andaluces 'preimputados'.
Así se ha pronunciado De LLera, a preguntas de los periodistas antes de comparecer en comisión parlamentaria y después de que el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se haya mostrado convencido de que la Fiscalía del TSJA podría asumir "perfectamente" esta investigación, contraviniendo así la opinión del presidente del TSJA, Lorenzo del Río.
El consejero del ramo ha querido dejar claro que "una cosa es la Fiscalía y otra es el Tribunal". "La Fiscalía, desde luego, tiene medios suficientes, pero en el TSJA la Sala de lo Civil y de lo Penal solo tiene tres magistrados y pocos funcionarios", ha apostillado.
"Habrá que nombrar a un instructor, con lo cual la sala se queda coja a la hora de integrarse para resolver. Haría por tanto falta luego, falta un magistrado", ha señalado De Llera, quien ha lamentado que de jueces y fiscales "estamos como de cortijos".
En su opinión, hacen falta "muchísimos" tanto en España como en Andalucía, y el Gobierno de la Nación no está convocando oposiciones. "Durante la etapa anterior se convocaban 400 plazas anuales, pero desde que llegó el PP al Gobierno, el primer año no se convocó ninguna plaza, el segundo se convocaron 50 y para este habrá 100, una cifra insuficiente".
No obstante, De Llera ha garantizado que su departamento apoyará a la Sala como ha hecho en otras ocasiones que se ha necesitado. Así, ha recordado los medios que la Junta puso a disposición de la Audiencia de Málaga cuando el juicio del caso Malaya.
LOS ERE SEGUIRÍAN EN EL TS SI CHAVES Y GRIÑÁN DEJAN DE SER AFORADOS
De otro lado, preguntado si la causa de los ERE seguiría en el Tribunal Supremo (TS) si los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán perdieran el aforamiento porque tuvieran que abandonar el escaño, el consejero ha respondido que "debe seguir" porque así lo dice la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como de la Sala de lo Penal del TS.
Según ha explicado, la jurisprudencia dice que "una vez que el tribunal se ha hecho cargo de un asunto con una serie de aforados y, al menos quedan algunos, debe seguir con los otros". "No se puede dividir la causa a esas alturas, ha añadido De Llera, quien ha apuntado que la juez Mercedes Alaya no podría reclamar nada que no le dé el TS "a motu propio", dado que los tribunales están "jerarquizados".
CALIFICA DE "FALSA" LA ACUSACIÓN DEL JUEZ DE APOYO DE ALAYA
Preguntado también sobre la información publicada este miércoles por el periódico El Mundo que apunta que el juez de refuerzo de la juez Alaya censura los "continuos obstáculos" de la Junta en el caso de las ayudas a la formación, el consejero ha dicho que esta acusación es "absolutamente falsa y maliciosa".
"Ellos dos van como los matrimonios de consumo, lo que dice uno lo dice el otro, pero debe ser Alaya, la titular del juzgado, la que tiene que decir lo que sea y no el segundo de a bordo, que es un mero apoyo y que no es juez", ha subrayado De Llera.
Seguidamente, ha precisado que la juez Alaya pidió a la Junta que contratara una empresa externa para digitalizar los cursos, a lo que la administración andaluza respondió pidiendo a la juez que le comunicara "de cuántos folios se trataba para ver si sacaba un contrato que exigía licitación pública o un contrato menor".
"Nos dio pares y nones, no nos dijo nada, y yo no voy a derrochar dinero público por un capricho de ningún juez", ha aseverado el titular del ramo, quien ha apuntado que mientras la Junta esperaba a que Alaya comunicara el número de folios, la magistrada cambió de opinión y pidió dos auxiliares de apoyo y máquinas para digilitalizar en el juzgado.
De Llera, que considera que esto es lo "más razonable" porque esa digilitación debe hacerse bajo fe de secretario judicial "o no sirve de nada", ha lamentado que ahora se diga que la Junta ha tardado tres meses en dar al juzgado lo que pedía. "Es una falsedad absoluta y así lo digo", ha concluido.
