Esta semana saldrá a información pública el anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía para su posterior remisión al Parlamento en los próximos meses, un documento que ya fue presentado este viernes al Consejo Andaluz del Agua, momento en el que la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aprovechó para animar a todos los agentes sociales y económicos a participar en el proceso de elaboración de la nueva norma, cuya tramitación fue autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 7 de abril.

Uno de los principales hitos de la Ley es la creación del Observatorio Público del Agua, como un nuevo órgano colegiado de participación social, para garantizar la transparencia y el consenso en la gestión del agua. Este organismo integrará, atendiendo a su representatividad e incidencia en la gestión, a miembros de las organizaciones a los usuarios domésticos, de defensa del medio ambiente y de los distintos sectores económicos vinculados al uso del agua.

Según establece el articulado del anteproyecto de Ley, el Observatorio Público del Agua tendrá carácter consultivo y elaborará las propuestas para el establecimiento de la estructura tarifaria de los servicios del agua en Andalucía, con el fin de aunar y homogenizar criterios a la hora de su aplicación en cualquier municipio andaluz.
Por otra parte, para una mejor eficiencia en el uso del agua e incentivar el ahorro de este recurso, el Observatorio propondrá criterios técnicos y la metodología para la cuantificación del rendimiento de las redes urbanas y, así, poder minimizar las pérdidas de agua. Finalmente, el órgano colegiado realizará estudios sobre la planificación, la gestión del uso del agua y del dominio público hidráulico y las demandas de agua para las distintas actividades económicas, entre otras materias.

Garantizar la participación

La organización y funciones del Observatorio se establecerán en los Estatutos de la Agencia, así como sus componentes, “garantizando la participación de los interesados en la Administración del agua”. La persona que asuma la dirección del Observatorio, designada por el Consejo de Gobierno, tendrá que ser elegida entre profesionales de reconocido prestigio en el sector.

La nueva norma también incorpora la necesidad de que los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, organismo de la Consejería de Medio Ambiente competente en la gestión de los recursos hídricos, regule órganos de participación en los que este principio esté garantizado. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en la Directiva Marco de Aguas y a uno de los principios vectores del Acuerdo Andaluz por el Agua, suscrito por el Gobierno andaluz el pasado 3 de febrero.

Coordinar y dar eficacia

Además de este nuevo órgano, el anteproyecto de Ley establece la constitución de la Comisión Interadministrativa del Estuario del Guadalquivir, con el objeto de coordinar, ordenar y dar eficacia a las medidas que puedan establecerse en este ámbito. Esta medida ya fue acordada en la última reunión de la Mesa de Seguimiento para analizar los episodios de turbidez y salinidad del estuario, en el que participaron representantes de distintas consejerías, corporaciones locales afectadas y miembros de organizaciones de regantes, arroceros y empresas de acuicultura, así como la Autoridad Portuaria, en cuya actividad incide directamente el estado del estuario del Guadalquivir. 

La Comisión formará su propio reglamento de funcionamiento y organización interna y podrá suscribir convenios con la Administración General del Estado y las entidades locales interesadas, para coordinar eficazmente la gestión del recurso en este ámbito, del que dependen importantes sectores socioeconómicos.

Bancos de agua públicos

Otra de las novedades de la futura norma es la creación de Bancos Públicos de Agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlo en otros usos, y el establecimiento de un sistema de tarifas por tramos para usos domésticos para incentivar el ahorro y penalizar el consumo abusivo.

Los Bancos de Agua permitirán asignar aguas para usos de interés general y hacer frente a situación de sequía. Este instrumento propiciará, por ejemplo, que los recursos provenientes del ahorro provocado por la modernización de regadíos puedan destinarse a otros usos.

Así, la Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico de las masas de agua, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios por el precio que en cada caso se acuerde.

Respecto al régimen económico-financiero, el anteproyecto se adecua al mandato de la Directiva Marco de Aguas de la UE de 2000 en el sentido de aplicar a partir de 2010 el denominado principio de recuperación de costes. De acuerdo con ello, el precio del agua será acorde con su uso efectivo y se facturará por consumo en lugar de por superficie. Las cantidades recaudadas tendrán un carácter finalista, es decir, se reinvertirán por completo en proyectos de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y en la protección y regeneración de las masas de agua.

El principio de recuperación de costes se concretará en la figura del “canon de mejora de infraestructuras de depuración”, que hasta ahora se aplicaba en el ámbito de la financiación de inversiones locales y ahora se generaliza para la financiación de las infraestructuras hidráulicas.

Este canon estará compuesto por una cuota fija para usos domésticos de 1 euro al mes por usuario y una cuota variable que oscilará entre los 0,10 y los 0,40 euros mensuales por metro cúbico según el agua consumida. Para determinar el nivel de consumo se tendrá en cuenta el número de miembros que convivan en el domicilio. Los usos no domésticos tendrán un tipo de 0,25 euros por metro cúbico.