La defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, investigado por el Tribunal Supremo junto a Manuel Chaves y tres consejeros del gobierno autonómico en el caso de los presuntos ERE irregulares, ha remitido un escrito de oposición al alto tribunal en el que se opone a la solicitud de la juez de Instrucción de Sevilla número 6 Mercedes Alaya de que le sea remitido el informe de parte elaborado por los catedráticos de derecho financiero y tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago.
Según especifica el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, "esta iniciativa invade competencias instructoras que corresponden al Supremo y provocaría indefensión". El análisis reclamado por la juez contradice otro elaborado por expertos de la Intervención General de la Administración de Estado (IGAE) y defiende que no existieron irregularidades en las transferencias de financiación y que éstas se realizaron en el marco de la gestión de fondos.
Los peritos adscritos a Hacienda cuestionaron, por contra, las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis a cargo del programa 31L y discrepaba de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La magistrada ha solicitado el informe de parte en el marco de la ratificación ante su Juzgado del estudio judicial encargado a la IGAE, de forma --dice el escrito-- que "no es descartable que pretenda preguntar a estos peritos sobre su contenido".
Alaya "reconoce paladinamente que ha conocido a través de los medios de comunicación que mi representado ha presentado un informe pericial de parte ante la Sala Segunda y se desdice de todos sus alegatos para no celebrar durante 14 meses la ratificación de la prueba pericial", dice el escrito firmado por el abogado José María Mohedano.
INDEFENSIÓN
En opinión del aforado "el intento de la juez Alaya" constituye una clara intromisión en la competencia de la Sala de lo Penal del TS y desdeña su derecho a acceder a un proceso con todas las garantías ya que se permitiría que se sometiera a contradicción su análisis sin que ellos pudieran intervenir en este acto.
Los expresidentes andaluces consideran que la magistrada incurre, además, en una contradicción respecto a decisiones anteriores, ya que, como reconoció la propia Alaya en un auto de septiembre de 2014, este acto procesal afectaría a personas aforadas. "Reconoció sin ambajes y expresamente" que celebrar la ratificación sin la presencia de Chaves, Griñán y los tres consejeros investigados "supondría una indefensión para éstos".
